Daniel Gil, exdirector de empresas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha pagado la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez. Ello le permitirá salir de la cárcel de Soto del Real (Madrid) en breve.
Gil está acusado de fomentar la concesión de préstamos de la caja a una empresa hotelera que desviaba después sus beneficios al paraíso fiscal de Curaçao.
El magistrado envió también a prisión eludible con fianza, en este caso de millón y medio de euros, al exdirector general de la CAM Roberto López Abad. Imputa a los dos ex altos cargos la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.
Gómez Bermúdez ha impuesto a Gil la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados más cercanos a su domicilio. Le ha prohibido, además, abandonar el territorio nacional y ha ordenado la retirada de su pasaporte.
Ambos defraudaron en colaboración con dos empresarios alicantinos y otros dos exdirectivos de la CAM una cantidad de «cierta relevancia» a través de un entramado de empresas hoteleras, encabezado por la sociedad Valfensal, que desvió unos beneficios de 247 millones de euros a Curaçao.
Según explicaba el juez en los dos autos en los que dictó el encarcelamiento, en los últimos nueve ejercicios tributarios ambos empresarios habrían estado eludiendo el pago de impuestos, situando la mayor parte de los beneficios en territorio antillano. Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros.
El abogado Jaime Escrivá, del gabinete Garrigues, asesor de los implicados en la trama defraudadora, ha prestado declaración esta mañana ante el magistrado Gómez Bermúdez. Escrivá ha quedado en libertad sin cargos.