La Junta de Andalucía ha dado luz verde a su adaptación regional del real decreto ley 11/2010 de cajas de ahorros. De esta manera, la comunidad autónoma andaluza reproduce la normativa general, esto es, la nueva legislación estatal.
La adaptación de la nueva ley de cajas de ahorros en Andalucía ha sido aprobada por el Parlamento autonómico, si bien ha contado solamente con el apoyo del partido gobernante, es decir, del PSOE. La nueva normativa ha salido adelante sin el respaldo de los otros dos grupos mayoritarios: PP e IU.
Entre los puntos más señalados de esta adaptación regional del decreto 11/2010 encontramos los siguientes: robustecimiento de los índices de solvencia y estabilidad a través de un core capital más elevado, recorte de la representación pública en los órganos directivos de las cajas, profesionalización de estos mismos órganos, así como la prohibición de que las retribuciones de los consejeros y directivos de estas entidades superen el sueldo del presidente de la Junta de Andalucía.
De acuerdo con estas bases principales quedan regulados tanto las cajas de ahorros como los sistemas institucionales de protección (SIP) por ellas compuestos.
El PP ha votado en contra de esta nueva normativa porque el PSOE rechazó las 25 enmiendas propuestas por los primeros.