Las asociaciones de consumidores y de afectados por participaciones preferentes han criticado el anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de regular la comercialización de estos productos, ya que argumentan que el fallo ha estado en la falta de supervisión de las entidades financieras.
Tanto Adicae como Facua-Consumidores en Acción y la Asociación para la protección de accionistas, clientes y usuarios de Bankia (Apacbank) creen que la actual Ley del Mercado de Valores habría sido suficiente para evitar el fraude cometido con las participaciones preferentes si el Banco de España y las Administraciones Públicas hubieran velado por su cumplimiento.
«Siempre es bueno afinar la regulación para aumentar las garantías para los consumidores, pero en el caso de las preferentes el problema es que la banca ha vulnerado normas muy antiguas, amparadas por una pasividad, sumisión y falta de control de los diferentes supervisores», dice el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.
En la misma línea se pronuncia el portavoz de Apacbank, Ricard Torres, para quien la actual Ley del Mercado de Valores, que obliga a vender a los clientes productos adecuados a sus necesidades, «es buena» para proteger a los consumidores.
«El error es que no se ejerció supervisión alguna cuando las entidades se estaban saltado a la torera la normativa», critica este representante de los clientes de Bankia, que añade que «las líneas adelantadas por De Guindos sobre una nueva regulación de la venta de participaciones preferentes son prácticamente idénticas a lo que ya obliga la normativa».
Respecto a las soluciones planteadas por el ministro de Economía para resarcir a los afectados de las entidades nacionalizadas, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, exige que impliquen una recuperación inmediata de los ahorros y que no comporten quita o pérdida alguna.
A su juicio, «las quitas son inaceptables porque estamos hablando de una colocación de las preferentes bajo engaño a buena parte de las familias», afirma Pardos.
«O se ofrece una solución de justicia o la Justicia pondrá a cada uno en su sitio», amenaza el representante de Apacbank, en sintonía con Adicae y Facua, que también avisan de que acudirán a los tribunales si los canjes ofrecidos no resarcen a los ahorradores.
En una entrevista concedida, el ministro de Economía ha anunciado que el Gobierno impondrá el viernes duras restricciones a la venta de preferentes a particulares, a los que a partir de ahora se les exigirá su consentimiento de puño y letra y, en algunos casos, una inversión mínima de 100.000 euros.
El ministro también ha explicado que en la actualidad el Banco de España está negociando con Bruselas unas condiciones de canje para los afectados de las entidades nacionalizadas, que permitan que el daño sufrido sea el menor posible.
El Gobierno está decidido a que no se repita el escándalo de las preferentes, un producto muy complejo que la banca vendió en las sucursales como si fueran depósitos, a casi un millón de clientes particulares, según las asociaciones de afectados, que denuncian que muchos de ellos no tenían conocimientos financieros y que en ocasiones no dieron ni siquiera su consentimiento.