El Banco Popular de China ha anunciado un nuevo endurecimiento de las restricciones sobre préstamos hipotecarios en Pekín, tras los recurrentes recortes del Gobierno desde 2015 para paliar la especulación inmobiliaria en las grandes urbes chinas.
«Todos los bancos deberán investigar de manera estricta la procedencia de las entradas que pagan los solicitantes de préstamos hipotecarios, así como su capacidad para devolverlos», exigió esta semana el banco central chino en un comunicado conjunto con otras autoridades bancarias e inmobiliarias.
Por ejemplo, el pago mensual de un préstamo no podrá ser superior al 50 % de los ingresos del prestatario, o de lo contrario no le será concedido, especificó.
Asimismo, el Banco Popular de China añadió que los bancos «tendrán prohibido recibir el pago de la entrada de una vivienda con dinero que proceda de otros préstamos ya concedidos».
Este mayor control no sólo afectará a los préstamos para vivienda sino también a las provisiones de fondos, ambas tendencias en auge, y que han generado «amplios riesgos» para las entidades financieras de China.
A este paquete normativo se le suma una nueva medida que impedirá a aquellos chinos que se divorcien -y ya tengan una vivienda en propiedad- ser considerados como compradores de un segundo inmueble, al menos hasta un año después de la disolución del matrimonio.
La trampa se había convertido en habitual en el último año entre parejas casadas que ya poseían una casa pero querían evitar los altos intereses que conlleva la compra de una segunda vivienda, por lo que simulaban falsas separaciones.
Para evitarlo, el Banco Popular de China obligará a pagar una entrada del 60 % del precio total del inmueble a todos aquellos que no cumplan con dicha premisa.