A finales del pasado mes de febrero, el Banco Gubernamental de Puerto Rico (BGF) mantenía una liquidez de 1.227 millones de dólares (1.168,9 millones de euros), un 12,6 % menos que la cantidad registrada en libros a comienzos del presente año.
A través de un escueto comunicado, la entidad estatal puertorriqueña informó sobre su último estado de cuenta, cuando ha entrado en vigor la Ley 1 de 2015, la popular «crudita», con la que el Gobierno que encabeza Alejandro García Padilla pretende aumentar la recaudación para respaldar una emisión de deuda de esa entidad de 2.000 millones de dólares (1.905,3 millones de euros).
La nueva ley, que eleva de 9,25 a 15,50 dólares (8,81 a 14,76 euros) el impuesto sobre el barril de petróleo y sus derivados y que gravará directamente al bolsillo de los ciudadanos de Puerto Rico, es una medida con la que el Ejecutivo pretende elevar de forma indirecta la recaudación y proporcionar así mayor liquidez al BGF.
La «crudita», como es conocida entre los ciudadanos, forma parte de una serie de medidas del Ejecutivo con las que trata de enderezar la difícil situación fiscal y dotarse de fondos para mantener operativo el Gobierno y las corporaciones públicas, muchas de las cuales sufren graves problemas financieros y arrastran elevados niveles de deuda.
Las medidas incluyen una iniciativa del Ejecutivo y las cámaras legislativas para que el BGF pueda nombrar administradores en las corporaciones estatales que no hayan tomados medidas para sanear sus estados financieros.
La situación más difícil es la del monopolio de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con una deuda superior a los 9.000 millones de dólares (8.573,8 millones de euros).
La intención gubernamental es obtener 185 millones de dólares (176,2 millones de euros) anuales de este impuesto y para asegurarse de que sea así, la Cámara aprobó una enmienda para que en o antes del 31 de marzo de cada año el Departamento de Hacienda determine y certifique la cantidad recaudada por el gravamen durante el año calendario previo.
La medida persigue además que con el incremento de ingresos, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) se convierta en una corporación financieramente viable.