La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha presentado un plan de contingencia para la fase de desescalada en la Administración General del Estado, una vez finalice el estado de alarma.
El plan, presentado a la Dirección General de Función Pública, contempla la adopción de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de los servicios públicos y, según UGT, «ha tenido una muy buena acogida por parte de la Administración», que ha abierto un plazo de 48 horas para que se puedan presentar más propuestas.
El plan propuesto por UGT contempla la implementación de varias medidas, entre ellas la planificación de tareas y procesos para que pueda mantenerse la distancia de seguridad interpersonal recomendada, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.
Asimismo, el sindicato pide en su plan que se publicite y difundan los procedimientos de higiene recomendados por las autoridades sanitarias; que se faciliten al personal los productos necesarios para seguir las recomendaciones individuales; que se extreme la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, mobiliario y enseres, así como de los sistemas de ventilación; que existe disponibilidad para los trabajadores de los medios y equipos de protección individual necesarios, y que, en los centros abiertos al público, el aforo máximo permita cumplir la distancia de seguridad interpersonal para minimizar el contacto entre trabajadores y usuarios.
Al mismo tiempo, el sindicato insta a mantener y fomentar el teletrabajo, abordando de inmediato su regulación; a que exista disponibilidad de test de detención de virus en los centros de trabajo y protocolos en caso de que una persona manifieste síntomas, y a poner en marcha un tratamiento específico para minimizar el riesgo de los trabajadores especialmente sensibles o vulnerables.
Desde UGT se ha pedido a Función Pública que, dada la suspensión temporal de las reuniones de las Mesas Delegadas, se articule un procedimiento que permita extender y adaptar estas medidas a los distintos Ministerios y organismos.
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) continúa trabajando en el desarrollo de los procesos selectivos, con el objetivo de que, una vez superada la crisis sanitaria y recuperada la normalidad, puedan reanudarse con el menor perjuicio para los aspirantes.
La resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública del 10 de marzo, sobre medidas a adoptar en la Administración General del Estado (AGE) con motivo del COVID-19, establecía en su punto quinto que “las unidades responsables de la organización de cursos y actividades formativas de carácter presencial pospondrán los mismos, valorándose la utilización de medios telemáticos como alternativa”.
La misma resolución, en su punto sexto, recoge que el “órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá posponer, por el tiempo imprescindible, la celebración de pruebas selectivas, especialmente aquellas de concurrencia masiva, garantizándose en todo caso la continuidad de los procesos”.