Las facturas electrónicas presentadas ante las administraciones públicas a través del Punto General de Entradas de Facturas Electrónicas (FACe) se han incrementado un 36% entre enero y octubre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de 4,6 a 6,3 millones, según datos del Ministerio de Hacienda recogidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).
El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ve «muy positivo» el dato, teniendo en cuenta el parón de las compras públicas por la interinidad del Gobierno y la situación de las comunidades autónomas, que han estado esperando «un desbloqueo a la corrección del déficit público que no llegaba».
En su opinión, el éxito de la facturación electrónica reside en que es un sistema «más ventajoso para pymes y autónomos porque les ayuda a cobrar en plazo debido al control que permite el propio proceso en sí mismo, fomentando así la productividad y competitividad de las empresas».
Por ello, la plataforma pide al nuevo Gobierno que haga extensivo este sistema a todas las administraciones sin excepción, derogando «toda posibilidad de exención, y también al sector privado».
En este sentido, Cañete explica que para una óptima implantación «lo idóneo sería que en una primera fase las empresas cotizadas y grandes compañías estuvieran obligadas a recibir las facturas en formato electrónico a través de FACe y, seguidamente, lo hicieran el resto de empresas».
No obstante, considera que ese mismo efecto podría conseguirse poniendo en marcha el llamado Observatorio de la Morosidad, que tendría estas funciones de control y análisis, entre otras; y para aquellas compañías que incumplieran los plazos de pago opina que debería instaurarse un régimen sancionador, para el que ya hay «ciertos compromisos políticos adquiridos».