Las medidas planteadas por la Comisión Europea para acelerar la desconexión del gas ruso y amortiguar la escalada de precios en el mercado eléctrico colocan la urgencia geopolítica en la primera línea de acción energética y arrebatan la prioridad a los objetivos climáticos de la Unión Europea.
El Ejecutivo comunitario cree posible, aunque difícil, que la UE reduzca su dependencia gasística de Rusia en un 66 % en un año a través del aumento de las importaciones de gas natural licuado y de hidrógeno, mejorando la eficiencia y acelerando el despliegue de renovables. Esa es la senda para separarse del gas ruso en 2030.
Esa fecha es clave, porque la UE se fijó hace menos de un año la obligación legalmente vinculante de reducir en al menos un 55 % sus emisiones de CO2 para el final de la década en comparación con los niveles de 1990 y Bruselas ha presumido reiteradamente de ambición y vanguardia climática ante la comunidad internacional.
El deseo de alejarse del gas ruso, y el desorbitado precio de esa materia prima, están volviendo a poner de moda el carbón, un hidrocarburo que libera más CO2 que el gas y pero que, en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, resulta económica y geopolíticamente atractivo.
Alemania, por ejemplo, ha reactivado plantas de generación con carbón, combustible fósil responsable del 40 % de las emisiones globales de efecto invernadero.
«Es una decisión soberana de cada Estado miembro decir: ‘vale, seguiremos un poquito más con la nuclear o con el carbón'», ha dicho esta semana el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, que insiste en que los países tendrán que cumplir el compromiso de la UE para 2030.