Juan Carlos Escotet, el presidente de Abanca, ha criticado la «hiperregulación» de la Unión Europea, y los impuestos como el de la banca, señalando que «Claramente nos hace perder competitividad».
Así lo ha manifestado el presidente de Abanca durante una mesa redonda junto con el socio responsable de Desarrollo Corporativo e Institucional de EY, Adolfo Zunzunegui, en el 7 Congreso de Directivos organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en el Pazo de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela.
En una conversación ante un millar de personas, en su mayoría empresarios, moderada por la directora general de APD, Emma Gómez, el presidente de Abanca ha hablado del panorama económico internacional que se abre tras la victoria de Donald Trump y del papel que debe jugar Europa.
«La máxima de que Estados Unidos innova, China produce y Europa regula tenemos que ser capaces de revertirla», ha recalcado Escotet, para señalar los «retos gigantescos» que tiene el viejo continente y cuya supuesta integración en la UE «no deja de ser una quimera» ante la falta de «reglas comunes» en política financiera.
El primero en intervenir en la mesa redonda ha sido el directivo de EY, quien ha señalado cuatro retos para las empresas a nivel global: el digital; el geopolítico, marcado por las guerras en Ucrania y Oriente Próximo; el climático, poniendo como ejemplo la «desgracia» de la DANA en la Comunidad de Valencia; y el demográfico, con un envejecimiento que requerirá «fomentar la diversidad» a través de la inmigración e «imaginar fórmulas flexibles» para la jubilación.
Posteriormente, Escotet ha matizado que el riesgo geopolítico «es el más acentuado y más comprometido», con «más de 50 guerras en el mundo». A esto se suma que la victoria de Trump y su vuelta a la Casa Blanca a partir de enero «cambia el tablero de juego».
El presidente de Abanca ha explicado que el ‘local to local’ y el ‘friend shoring’ –primar las relaciones comerciales con aliados geopolíticos– que Estados Unidos «sí se puede permitir» supondrá un «cambio en la forma de ver la globalización», aunque esta continuará, pero «de manera híbrida».
Todo ello sin dejar de lado la crisis de la covid-19, que produjo en todo el mundo una «ruptura de las cadenas de suministro».
Asimismo, Escotet ha reconocido que le «preocupa mucho» las diferencias en las políticas de transición verde que observa entre Europa, China y Estados Unidos, algo que genera «pérdida de ventaja competitiva».
Ante estos retos, Adolfo Zunzunegui cree que las empresas deben asumir que existen riesgos y que tienen que consultar con «expertos» para saber cómo ofrecer la mejor respuesta.
El presidente de Abanca también ha reflexionado sobre el aumento de los ciberataques, un problema derivado de los conflictos bélicos internacionales. Para su entidad, es fundamental contar con «mecanismos de contingencia bien definidos» para garantizar «resiliencia operativa».
Antes de esta mesa redonda, la encargada de inaugurar esta jornada ha sido la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quien ha insistido ante cientos de directivos en que la colaboración público-privada es «el único camino para el desarrollo de los territorios». La responsable de la Xunta ha advertido que la «nueva empresa global» de Galicia, que vive «en un mercado absolutamente internacionalizado», debe saber cómo ganar su espacio potenciando lo que la diferencia del resto.
Lorenzana ha explicado ante un auditorio prácticamente lleno que la economía gallega está «cada vez más internacionalizada», con unas exportaciones que van «camino de batir el récord» que ya hubo el año pasado.
No en vano, ha puesto en valor las políticas de la Xunta para «desburocratizar» el mundo empresarial y ha aprovechado para reivindicar no solo la ley de recursos naturales aprobada «hace apenas 15 días» en el Parlamento autonómico, sino también el «ambicioso plan energético» que diseña su departamento.
Lorenzana ha defendido las medidas que se implantarán cuando entren en vigor los Presupuestos para 2025 y la ley de medidas complementarias, como por ejemplo, que los proyectos eólicos e hidráulicos deberán destinar a usuarios e industrias gallegas el 50% de la energía que produzcan.