La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) se ha posicionado en contra de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, en base al posible impacto que tendría sobre la competencia bancaria, la disponibilidad de crédito, el número de oficinas, y los puestos de trabajo en las Baleares.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del primer informe realizado por Pimem y el Observatori de la Pime de Cataluña, en el que advierte que esta unión y Caixabank controlarían el 62% de las oficinas del archipiélago, que ya es, tras pasar de 20 a cinco entidades en las dos últimas décadas, la región europea con mayor concentración del sector bancario.
Esto, según ha explicado el presidente de Pimem, Jordi Mora, en la presentación del estudio este pasado lunes en Palma, provocaría un encarecimiento de los servicios bancarios y afectaría a la calidad de los mismos. También tendría efectos, ha añadido, en la remuneración de los depósitos y en el aumento de las comisiones.
Otro de los aspectos en los que la fusión de los dos bancos tendría repercusión es en la reducción de la disponibilidad de crédito, pues al reducir la competencia el mercado quedaría en manos de las entidades bancarias más grandes. Eso, de acuerdo con las previsiones del estudio, podría significar que unos 54 millones de euros dejen de estar a disposición de pymes y autónomos, lo que en el caso de Baleares sería una reducción del crédito disponible del 8 por ciento.
El estudio, elaborado por el presidente del Observatori, catedrático en economía y exrector de la Universitat Pompeu Fabra, Oriol Amat, también pone el foco en cómo podría repercutir en el cierre de oficinas, que en Baleares podría llegar a ser de entre 18 y 27. A nivel nacional, los puestos de trabajo que se perderían serían entre 7.000 y 10.000, aproximadamente.
«Es esencial que BBVA proporcione más información y datos concretos sobre los planes en relación con la concentración para garantizar la transparencia y un compromiso firme con las empresas, los clientes, los trabajadores y la sociedad en general», ha reclamado Amat.
Para Pimem, el acuerdo podría ser «perjudicial para la competencia, clientes y trabajadores». En base a esta conclusión, Pimem y el Observatori de la Pime de Cataluña han pedido que se actúe ponderando la «responsabilidad social» y priorizando a las personas, las empresas (en especial las pymes) y demás partes interesadas.