La familia Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), tienen intención de mantener las acciones legales para aclarar la intervención del banco en 2015, y esclarecer si existe responsabilidad por parte de la FinCEN.
Los accionistas han comunicado que es necesario que la FinCEN (agencia dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense), justifique por qué dictó la notificación de intervención y que aporte al juez «todas las pruebas y documentación concreta» que conllevó esa actuación y consideran que «no basta» con la retirada del aviso sobre blanqueo de capitales, aunque era uno de los objetivos perseguidos por sus acciones legales contra el FinCEN. «Quieren aclarar también las circunstancias que han rodeado al caso», indican.
El viernes 26 de Febrero se celebró un encuentro entre los representantes legales de ambas partes y el juez asignado al caso, durante el que los abogados del Departamento de Justicia de EE.UU., defensores de la FinCEN «dejaron entrever», según los afectados, «que la reclamación efectuada por los accionistas mayoritarios de BPA ya no tenía razón de ser, después de haber dejado sin efecto la nota del 10 de marzo».
Por el contrario, el equipo jurídico de la familia Cierco insistió en que la comunicación del FinCEN «tuvo un efecto dramático y provocó un daño irreversible al banco» y que debe asumir su responsabilidad y añaden que «Seguiremos todas las vías que proceda para dar luz a un proceso opaco e injusto», ha señalado Eric Lewis, coordinador del equipo jurídico de la familia Cierco, que opina que, la manera de actuar de la FinCEN «le permite controlar el sistema financiero global causando perjuicios devastadores sin ningún tipo de supervisión ni control, ni dando la opción a los afectados a defender su posición» y consideran que no se puede cerrar un caso sin saber por qué se abrió y qué llevó a la FinCEN a actuar, para depurar también la responsabilidad «exacta» de la administración andorrana ya que, «es fundamental» en el marco de la reclamación económica que han realizado contra el Gobierno de Andorra y el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).
El juez ha acordado un nuevo calendario para que las partes puedan aportar los argumentos necesarios que determinen si es necesario o no seguir con el proceso.