Banco Santander, presidido por Emilio Botín, ha manifestado su compromiso de adherirse al Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno para aliviar la situación económica de las familias con cargas hipotecarias y sin recursos.
De esta manera el Banco Santander se une a la norma aprobada por el Ejecutivo el pasado viernes incluida dentro del Real Decreto 6/2012 de medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios sin recursos publicado en el BOE del 10 de marzo, por la que las entidades financieras pueden adherirse de forma voluntaria a este Código de Buenas Costumbres con el fin de dar un respiro a las familias que se encuentran dentro del conocido como umbral de exclusión.
El objetivo del Banco Santander es mantener adicionalmente la iniciativa que ya lanzó a finales de julio del pasado año otorgando una moratoria del pago de capital durante tres años sin modificar las condiciones financieras, y permitiendo la prórroga del plazo a aquellas familias que desafortunadamente hayan visto reducidos sus ingresos o en las que uno de sus miembros se encuentre en situación de desempleo.
Como consecuencia, las cuotas mensuales de su hipoteca se han rebajado en un 48% de media. De esta forma el banco presidido por Emilio Botín ha aportado una solución a 9.820 familias con hipotecas por un total de 1.634 millones de euros.
El Código de Buenas Prácticas pretende ayudar a las familias con una situación económica extrema que no puedan hacer frente a su deuda hipotecaria. De esta medida pueden beneficiarse quienes cumplan con una serie de requisitos como que todos los miembros que convivan en la misma vivienda estén desempleados, y que su cuota hipotecaria sea superior el 60% de los ingresos netos percibidos por los miembros de la unidad familiar que conviven en el mismo hogar, o no tener otros bienes o derecho patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.
La medida aprobada por el Gobierno contempla tres fases de actuación. La primera destinada a reestructurar la deuda, de manera que sea viable el pago de la hipoteca estableciendo medidas como la carencia en la amortización del capital durante cuatro años, periodo en el que el tipo de interés será del Euribor +0,25 puntos, y ampliando el plazo de amortización hasta un máximo de 40 años. Si después de estas medidas la cuota resultante a pagar fuera superior al 60% de los ingresos con que cuenta la unidad familiar, las entidades financieras podrían asumir una quinta de parte del capital pendiente de pago. Si aun así la familia no puede hacer frente al pago de la cuota, se establece la dación de la vivienda como forma de cancelación de la deuda con el banco, si bien dicha familia podrá continuar habitando la vivienda en régimen de alquiler por dos años. Estos límites se están aplicando con flexibilidad y el banco facilita estas ventajas a todos los clientes con hipoteca que cumplan estos requisitos.
Esta iniciativa no es nueva para el Banco Santander que desde el 1 de agosto del pasado año ofrece una moratoria de capital de tres años para aliviar la situación de sus clientes, tanto particulares como autónomos, con causas objetivas de problemas económicos.
Otras entidades como Caixa Catalunya o Cajamar Caja Rural se han unido también a este Código de Buenas Prácticas bancarias para minimizar el impacto social de los desahucios.