El volumen de facturación del sector de la auditoría de cuentas se incrementó en un 5,18%, pasando de los 663 millones facturados en 2018 a los cerca de 700 millones en 2019, según los datos del informe ‘Situación de la Auditoría en España 2019’, publicado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
La consolidación de la facturación se ha traducido en el correspondiente mantenimiento del número de auditores, donde la cifra de 21.335 personas inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) permanece en niveles muy similares frente a las 20.997 de 2018.
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha valorado positivamente los datos del estudio. No obstante, el presidente, Ferrán Rodríguez, ha advertido de que hay preocupación por el futuro más inmediato a causa de la pandemia generada por el Covid-19, que supondrá con seguridad un cambio de tendencia.
Además, Rodríguez ha asegurado que los auditores tendrán que realizar «un esfuerzo en inversión mayúsculo, en consonancia con los elevados niveles de riesgo a los que nos enfrentamos».
El documento informa que la recuperación del sector se fortalece en el empleo, pasando de 17.184 profesionales a cargo de auditores en 2018 a los 17.679 profesionales en 2019, lo que sitúa este dato en niveles precrisis.
Otro dato que confirma el proceso de recuperación es el aumento del número de trabajos realizados, 63.477 por los 61.428 del año anterior. Las auditoras realizaron 1.361 de estos trabajos a Entidades de Interés Público (EIP), cifra que se ha visto reducida con respecto al año anterior, en el que se hicieron 1.412.
Además, otra buena noticia es que el sector mejora en términos de igualdad de género, ya que la presencia femenina es cada vez más elevada. En la última convocatoria del ROAC, celebrada en 2019, aprobaron más mujeres (105) que hombres (103).
El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha propuesto al Gobierno la suspensión temporal de los límites de auditoría para que no se tengan en cuenta los cierres de los ejercicios producidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2022 ante la crisis de las empresas por el impacto del Covid.
Esta propuesta, que el Gobierno está estudiando, implicaría que las empresas que, por causa del coronavirus, hayan reducido su facturación y número de empleados y no cumplan con los objetivos marcados en la ley para auditarse de manera obligatoria, tengan que hacerlo igualmente.
El presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez, ha explicado que la regulación principal de los límites de auditoría se contempla en la Ley de Sociedades de Capital, por lo que para suspender temporalmente la aplicación de estos límites sería necesaria una norma del mismo rango.