Las asociaciones agrarias han exigido al gobierno español la implementación de medidas para mejorar las condiciones laborales y económicas del sector agrícola en el país. Estas demandas van en línea con las políticas propuestas por la Unión Europea para fomentar un mercado laboral más justo y sostenible.
Las asociaciones agrarias, entre ellas la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y COAG, han presentado al gobierno de España una propuesta con dos exigencias principales. En primer lugar, solicitan que se establezcan contratos de 90 días para los trabajadores del sector agrícola, en lugar de los actuales contratos temporales de 30 o 60 días. Esta medida permitiría a los trabajadores tener mayor estabilidad laboral y económica, ya que actualmente muchos trabajadores se ven obligados a buscar empleo cada pocos meses.
Además, las asociaciones agrarias también exigen que se bonifiquen las cotizaciones sociales en el sector agrícola. Según los datos presentados por estas organizaciones, el sistema de cotizaciones actuales es insostenible para los trabajadores del campo, ya que muchos no logran superar el salario mínimo interprofesional debido a los bajos precios de los productos agrícolas.
Según Teresa López, secretaria general de COAG, esta situación se debe a que «los precios que se pagan por nuestros productos se han quedado congelados desde hace años mientras que los costes, incluidas las cotizaciones sociales, no paran de subir». Por ello, considera necesario que el gobierno tome medidas para ajustar las cotizaciones al nivel de ingresos de los agricultores y ganaderos.
Estas demandas se enmarcan en las políticas propuestas por la Unión Europea para promover una agricultura más sostenible y justa en todo el continente. En su Estrategia de la Granja a la Mesa, la UE se ha comprometido a garantizar una remuneración justa para los agricultores y a mejorar las condiciones laborales en el sector agrícola.
La Comisión Europea también ha mencionado la necesidad de reducir la dependencia del uso de pesticidas y fertilizantes químicos en la agricultura, apostando por prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Esta es una medida que también apoyan las asociaciones agrarias españolas, que han solicitado al gobierno la implementación de políticas que fomenten una agricultura más sostenible para el bienestar de todos.
Por su parte, el gobierno español se ha comprometido a estudiar detenidamente las propuestas presentadas por las asociaciones agrarias. En palabras del ministro de Agricultura, Luis Planas, «compartimos la visión de la UE en cuanto a la necesidad de garantizar precios justos para los agricultores y trabajadores del campo». Sin embargo, Planas también ha admitido que esto no es tarea fácil, ya que requiere una acción coordinada entre todos los países miembros de la UE.
En lo que va de año, España ha recibido más de 2.600 millones de euros en fondos europeos para promover la transición hacia un modelo agrícola más sostenible y justo. Parte de estos fondos se destinarán a incentivar prácticas más respetuosas con el medio ambiente y a apoyar a los agricultores para que puedan adaptarse a los cambios necesarios.
Además de las demandas presentadas por las asociaciones agrarias, también se ha hablado de la importancia de mejorar la formación y la especialización de los trabajadores del sector agrícola. Se considera fundamental que los trabajadores reciban formación en nuevas técnicas y tecnologías que promuevan una agricultura más sostenible y eficiente.
En definitiva, las demandas presentadas por las asociaciones agrarias españolas son un reflejo de las preocupaciones y necesidades de los trabajadores y productores del sector agrícola en el país. Con el respaldo de la Unión Europea, se espera que el gobierno español tome medidas para mejorar las condiciones laborales y económicas de una de las industrias más importantes del país, y así fomentar una agricultura y ganadería más sostenible y justa para todos.