Según Tomás Burgos, secretario general de la Seguridad Social, la modificación del actual sistema de cotizaciones por empleo a tiempo parcial, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional calificando de nulo el sistema vigente, costaría anualmente unos 1.900 millones, salvo que se elabore un sistema alternativo.
Por ello, el Gobierno planea agotar el plazo legal previsto para el reconocimiento de estas prestaciones, que podría alcanzar los ocho meses, para evitar en la medida de lo posible este coste económico.
En comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, Burgos ha explicado que, a la espera de que fruto del diálogo con los agentes sociales se acuerde un sistema alternativo más justo y equitativo, y en tanto que el Constitucional no plantea alternativas, el Gobierno «se ve obligado a aplicar» en medio del actual vacío legal un sistema por el que cada día trabajado a tiempo parcial equivaldrá a un día cotizado.
Si bien, ha avanzado que en el caso de las reclamaciones de prestaciones desde 1995, puesto que la sentencia del Constitucional tiene efecto retroactivo, se va a producir una situación de «inseguridad jurídica», dado que corresponderá a los órganos judiciales determinar la normativa a aplicar. Al respecto, Burgos ha vaticinado «dispares interpretaciones para colmar esta laguna legal».
Con estas consideraciones previas, el secretario de Estado de Seguridad Social ha calculado que si se aplicara el sistema transitorio de día trabajado por día cotizado de manera indefinida, las reclamaciones pendientes para el reconocimiento de prestaciones -unas 50.000 por pensiones de jubilación y otras 32.000 por subsidios– derivarían en un coste de 1.500 millones, a los que habría que añadir 100 millones más al año hasta que estas personas fallecieran.
Además, a estas cuantías sería preciso sumar las nuevas altas. Todo ello, según el Ministerio de Empleo, conllevaría a elevar la estimación a 1.900 millones adicionales cada año.
Por ello, el secretario de Estado de Seguridad Social ha concretado posteriormente ante los medios que el Gobierno se está planteando retrasar al máximo el plazo legal de reconocimiento de las prestaciones, que podría alargarlo a tres meses o incluso, «forzando la máquina», a ocho meses, cuando actualmente algunas se reconocen en muy pocos días.
Según ha dicho, existe «un margen de maniobra que puede ser útil para no causar al sistema más lesión económica de la que ya de por sí puede verse obligado a afrontar». «Resolveremos los subsidios que no requieren demasiada complejidad administrativa, pero en el tema de las pensiones, como habría que retrotraerse a contratos de décadas, de los que ya no se disponen, quizá la solución más lógica sería agotar ese plazo buscando mientras tanto una solución definitiva», ha añadido.
En cualquier caso, ha confiado en que la resolución de esta cuestión será «rápida» y no será necesario agotar todo estos periodos.
Así, Burgos ha llamado a acelerar los trabajos para que «a la tercera sea la vencida», tras dos sentencias en contra del actual sistema, la segunda de ellas del Tribunal Constitucional. «No se puede volver a fallar», ha dicho.
En este sentido, ha señalado que abordar estas cuestiones puede ser «múltiple», sin descartar que haya que hacer una reforma «más amplia» que no afecte sólo al tiempo de trabajo que se computa a efectos de cotización».
Y es que, según ha explicado, el sistema transitorio a aplicar en las nuevas altas también guarda inequidades. Como ejemplo, ha indicado que un trabajador a tiempo completo que cotice por la base mínima (641,3 euros), verá reconocida un pensión de 618 euros mensuales, el 96,5% de su salario mínimo, mientras que un trabajador a tiempo parcial obtendría el 240% de su retribución media.
Así, ha recordado que la aplicación de un sistema de día cotizado por día trabajado será «especialmente lesivo» para los trabajadores que acumulan su trabajo a tiempo parcial en el fin de semana o en otros periodos concretos, ya que contabilizarían a la larga muchos menos cotizados.
Por ello, Burgos ha vuelto a insistir en que hay que evitar que la revisión de este sistema de cotización no debe derivar en otro aún más injusto. «La ampliación de los derechos de unos no puede llevar a la injusticia para otros», ha añadido.
Asimismo, Burgos ha anticipado que esta tarde se celebrará una nueva reunión con los agentes sociales para abordar estas cuestiones, con la vocación de que «adecuar los niveles de protección del tiempo parcial no incluya despropósitos que terminen por desajustar completamente el sistema, abriendo nuevas discriminaciones y dejando en nada los principios de contributividad y equidad básicos»
Según el secretario general de la Seguridad Social, un acuerdo entre el Gobierno y los agentes políticos y sociales serviría para conseguir una serie de beneficios generales: una adecuada cobertura a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional, unos mayores niveles de sostenibilidad y viabilidad al sistema de prestaciones económicas, y se evitarían acciones fraudulentas e irregulares y la desincentivación del deber de cotizar a la Seguridad Social.