Como parte de los esfuerzos que Grecia está llevando a cabo para contrarrestar el déficit económico en el que se encuentra, ha enviado un decreto de emergencia al Parlamento para su ratificación, que consta de una orden legislativa para que las entidades del sector público transfieran reservas de efectivo inactivas al Banco Central heleno.
El principal objetivo del Gobierno griego es cubrir las necesidades de carácter urgente del Estado, que alcanzan 3.000 millones de euros. Grecia para cubrir sus necesidades de financiamiento ha recurrido a las reservas de fondos de pensiones y a entidades del sector público; las cuales mediante pactos de retrocompra (una parte vende un valor y se compromete a comprarlo en un determinado plazo) intentan balancear la situación.
La orden legislativa comprende desde hospitales hasta gobiernos municipales, pero deja fuera a los fondos de pensión y algunas empresas estatales. También quedan excluidas del decreto las reservas de efectivo que las entidades necesiten para pagos inmediatos.
Esta medida se considera preventiva, el gobierno helénico busca asegurar tanta liquidez como sea posible. Propósito que daría la oportunidad a Grecia de mantener cierta estabilidad.
Representantes del Ministerio de Finanzas griego estiman que el país debería recurrir a todas las reservas de fondos estatales a lo largo del sector público, lo que significaría un total de 2.000 millones de euros, que se destinarían a pagos de salarios públicos y pensiones a fin de mes.
Grecia adeuda aproximadamente 1.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI), cantidad que deberá amortizar el próximo mes. El Gobierno heleno asegura que tiene el firme propósito de respetar sus obligaciones de deuda, sin bien el pago de salarios y pensiones es prioritario.