El presidente de la Confederación Española de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR-Cesgar), José Rolando Álvarez, ha declarado que tienen “la ventanilla del crédito abierta” para pymes y autónomos.
Durante un encuentro informativo organizado por la APIE, Rolando ha hecho un llamamiento a la Administración y a las entidades bancarias a que les ayuden para que pymes y autónomos sepan que con las SGR pueden tener “posibilidades de acceder al crédito en buenas condiciones”.
En España, las pymes aportan más del 65% del PIB, y emplean al 80% de los trabajadores. Por esta razón, Rolando considera que las instituciones públicas y las entidades bancarias deben cuidar este sector, clave para la recuperación económica.
Por otra parte, Rolando ha señalado que para facilitar el acceso al crédito a las microempresas y autónomos, firmarán un convenio con CaixaBank para fijar los tipos de interés para los créditos que cuenten con el aval de las sociedades de garantía. Actualmente, la confederación tiene convenios similares con Banco Santander y Banco Sabadell.
En el primer trimestre de 2015, las operaciones aumentaron un 22%, si se compara con el mismo periodo de 2014, por lo que prevén que la cantidad avalada por las SGR este año sea de 1.000 millones de euros.
Para el presidente de Cesgar, el 70% de las operaciones que avalan no habrían sido posibles sin la intermediación de las SGR, ya que estas sociedades son las encargadas de analizar los proyectos, mientras que la banca “se rige por normas internas que no entiende de proyectos empresariales”.
Gracias al aval de las SGR, las entidades financieras eliminan el riesgo que pueden tener las pymes y autónomos, mejorando las condiciones de financiación. Asimismo, el cliente tiene un plazo mayor para devolver el préstamo, lo que permite “desahogar la caja a corto plazo”.
La media del importe que avalan las sociedades de garantía es de 90.000 euros, aunque también se aceptan operaciones que oscilan entre los 500.000 y 800.000 euros, y el promedio de la devolución de un crédito es de siete años, aunque también avalan financiación a nueve, diez o doce años.