El Gobierno de España ha solicitado al Consejo de Estado que emita un dictamen con carácter urgente, antes del próximo 14 de septiembre, sobre el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
La previsión del Ejecutivo, según anunció este mismo mes de agosto el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, era remitir a las Cortes el nuevo texto legislativo a lo largo del mes de septiembre.
El proyecto de ley servirá para transponer varias directivas europeas a la legislación española y, según el Ejecutivo, incrementará la transparencia en las relaciones entre las entidades financieras y los consumidores de productos hipotecarios.
Entre las medidas que contempla el anteproyecto está la prohibición a los bancos de poder establecer el vencimiento de pago de una hipoteca, hasta que el impago no haya alcanzado el 2% del importe total del préstamo, intereses incluidos, en la primera mitad del contrato, o del 4% en la segunda mitad del mismo.
Asimismo, se prohibirá el establecimiento de incentivos para los trabajadores de las entidades financieras por la concesión de un número determinado de contratos y se reducirá el coste a la hora de cambiar una hipoteca de tipo variable a uno fijo, entre otras iniciativas.