Pescanova ha anunciado a través de su administrador concursal, Deloitte, que se ha alcanzado un acuerdo de convenio, con un 63,35 por ciento de respaldo, que va a permitir la continuidad de la compañía después de que los bancos acreedores tomaran el pasado lunes el control del grupo.
El pasado viernes, Deloitte emitió un comunicado al regulador bursátil en el que expone que “se considera que éste es un momento histórico que marca el principio de una nueva fase en la que el grupo se mantendrá como una de las grandes multinacionales gallegas y cabecera de un grupo de referencia en la actividad pesquera y acuícola a nivel mundial”.
Luego de que el proyecto de reflotamiento propuesto por el grupo Damm y Luxempart fracasara, las entidades bancarias propusieron un nuevo plan con un reconocimiento de deuda de 1.000 millones de euros, unos 300 millones más de lo propuesto por Damm, y una inyección de capital de 125 millones de euros con el objetivo de garantizar la continuidad de la empresa.
Esta nueva propuesta, que cierra al grupo Damm su intención de hacerse con el control de Pescanova, está liderada por el Banco Sabadell, Banco Popular, Caixabank, BBVA, NCG Banco y Bankia. Estas entidades financieras se van a convertir en los principales accionistas de la empresa, con cerca de 590 millones de euros, tras capitalizar la deuda.
Hasta el momento, se tiene previsto que las entidades bancarias busquen socios industriales con la finalidad de avanzar en el proceso de reflotamiento. Posteriormente, nombrarán un nuevo consejero delegado y remodelarán un consejo que abandonarán Luxempart y Damm.
Después de uno de los más recientes escándalos empresariales en España, la sociedad gallega Pescanova entró, hace un año, en un concurso de acreedores luego de que se detectara un gran agujero patrimonial y pérdidas millonarias no declaradas que llevaron ante la justicia a su expresidente, José Manuel Fernández de Sousa, y varios de sus ejecutivos y cedieron la gestión del grupo de alimentos congelados a Deloitte.
La consultora Deloitte ha valorado el agujero patrimonial en unos 1.700 millones de euros y ha estimado una deuda superior a los 3.600 millones de euros en un grupo conformado por más de 10 mil empleos directos, una marca muy reconocida, facturación multimillonaria y caladeros en los mejores océanos del mundo.