El director general de Glovo, Oscar Pierre, declarará este martes en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona en la causa penal que sigue la fiscalía por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.
En la acusación obtenida por Euronews, la fiscalía acusó a la empresa de socavar y oprimir los derechos de los trabajadores al afirmar falsamente que trabajaba por cuenta propia y pidió que se citara a Pierre como investigador para obtener su testimonio.
La declaración de Pierre se produce un día después de que la tecnológica española Glovo haya impulsar un nuevo modelo en España que permitirá a la compañía de ‘delivery’ operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, según ha anunciado este lunes la compañía, que explica su decisión como parte de su «firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país».
El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.
En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.
En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.
CGT SE PERSONA EN LA CAUSA
El sindicato CGT anunció este lunes que se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía «con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales«.
Está previsto que el ceo de Glovo, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona este martes 3 de diciembre.
Desde CGT lamentan que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los ‘riders’ tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía «ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomos».
De esta forma, desde CGT critican que los ‘riders’ quedan desprovistos «de las garantías y derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social», unos hechos que podrían constituir un delito castigado con penas que hasta 6 años de prisión y hasta 12 meses de multa.