El Gobierno ha aprobado un real decreto con la oferta de empleo público para 2018, de las que 6.024 plazas serán de acceso libre. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que el mayor número de plazas será para la policía, con 3.000 de acceso libre y 200 de promoción interna.
Para la Guardia Civil se han previsto 2.095 plazas de acceso libre y 480 de promoción interna, en tanto que para las Fuerzas Armadas hay previstas 767 plazas de acceso libre y 984 de promoción interna.
A ellas se suman 162 plazas de acceso libre para docencia no universitaria, que son las que el Estado saca para Ceuta y Melilla.
Este mismo jueves, el gobierno español modificó su cálculo sobre el crecimiento económico del país en el 2018, de 2,3% a 2,7%.
El alza se debe a un mejor clima económico internacional, un aumento en las inversiones empresariales y el retorno de la estabilidad en Cataluña, dijo el ministro de Economía Román Escolano.
La economía española, la cuarta más grande de la eurozona, ha registrado uno de los más acelerados crecimientos económicos de Europa. El año pasado ascendió a 3,1%.
Los nuevos cálculos anunciados el martes incluyen un aumento de la demanda interna, de 1,8% a 2,3%. Se estima que el déficit presupuestario será el 2,3% del PIB.
El Gobierno no cree que la Justicia alemana vaya a entregar a Carles Puigdemont, como ha reclamado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, hasta finales de mayo. Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado este martes, la legislación de Alemania contempla que en casos como el del expresident catalán el plazo mínimo de entrega asciende a 60 días.
Si Puigdemont no acepta la extradición, la Justicia alemana no entregaría al expresident hasta finales del mes de mayo.
La ley germana, ha dicho Méndez de Vigo, plantea que «si el detenido lo consiente, haya una entrega inmediata que se produce en 10 días» tras la detención. No obstante, el Ejecutivo no cree que Puigdemont esté «por la labor», por lo que el plazo que se plantea es de 60 días desde el arresto. Eso llevaría a que la Justicia alemana no entregase al expresident hasta finales del mes de mayo, o puede incluso que la situación se alargue hasta el mes de junio, ya que también se contempla «un periodo adicional de 30 días», hasta un total de 90, ha explicado el portavoz del Gobierno.