La EBA ha informado que pondrá fin al alivio regulatorio de las moratorias hipotecarias y de préstamos al consumo porque no se dan las circunstancias para seguir permitiendo a los bancos no clasificar de manera automática como impagados los préstamos acogidos a estos aplazamientos, incluidos en los programas de ayuda gubernamental en la mayoría de países europeos.
El organismo cree que no está justificada una prórroga y la medida de gracia se levantará el 1 de octubre para las nuevas operaciones. Sólo seguirá en vigor para las operaciones que están en curso.
LA EBA considera que, en este estado, no es adecuado extender una medida tan excepcional. Sino que más bien es oportuno volver a la práctica de que cualquier reprogramación de préstamos debe seguir un enfoque caso por caso. Estos préstamos, por tanto, volverán a consumir capital.
Se trata de una excepcionalidad a la que se ha acogido la mayoría de entidades de la Unión Europea y que les ha ahorrado millones de euros en provisiones. Los aplazamientos de pago concedidos se encuentran entre seis y doce meses de promedio.
De acuerdo a lo que ha informado la EBA, las entidades financieras pueden seguir apoyando a sus clientes con una moratoria de pago extendida después del 30 de septiembre. Pero esos préstamos tendrán que clasificarse, caso por caso, de acuerdo con el marco prudencial habitual.
El objetivo de esta prebenda hace muy complicado que el Gobierno decida prorrogar la moratoria legal.
Servimedia ha informado que el Gobierno se inclina por no extender una medida que ahora tendría gravosas cargas para el sector financiero tras la decisión de la EBA.
El plazo para acogerse a ella culmina el 29 de septiembre tras la ampliación temporal acordada en julio. El aplazamiento de pagos que concede el Gobierno es de tres meses y es sobre la cuota íntegra (capital e intereses).