Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria (AEAT), se ha comprometido a divulgar «qué es aceptable y qué es agresivo en planificación fiscal», para tranquilizar a los asesores fiscales que ven con recelo la obligación de revelar la potencial planificación agresiva de sus clientes.
Gascón ha participado en la undécima Conferencia Europea de Asesores Fiscales sobre Asuntos Profesionales organizada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), en la que ha garantizado a este colectivo que la Administración hará «un buen uso de los datos revelados» por los asesores fiscales acerca de sus clientes, según ha informado AEDAF en un comunicado.
«La obligación de revelar información relacionada con las transacciones en una potencial planificación fiscal agresiva va a afectar negativamente al ejercicio de nuestra profesión», ha dicho previamente el presidente de AEDAF, José Ignacio Alemany.
El debate ha girado en torno a las implicaciones que tendrá la directiva europea sobre intermediarios fiscales, que los países miembros deberán adoptar antes de finales de 2019 y que implica que los asesores fiscales tendrán que informar obligatoriamente sobre aspectos hasta ahora confidenciales de sus clientes.
El coordinador de la sección de Fiscalidad Internacional de AEDAF, Eduardo Gracia, ha afirmado que «las sanciones aplicables a quienes incumplan la directiva, junto con el compromiso de confidencialidad entre cliente y asesor fiscal, son los dos aspectos que la directiva deja abiertos para que cada país decida cómo resolverlos».
«Esto plantea un problema porque, muy posiblemente, se generarán conflictos de competencia desleal entre los profesionales de los distintos países miembros, además de graves distorsiones en el mercado», ha añadido.
Gracia ha manifestado que «si la Agencia Tributaria se compromete a difundir qué esquemas son agresivos, esto sería un paso importante para eliminar incertidumbres legales».
Recientemente, la Agencia Tributaria tiene controlados a 15.000 contribuyentes que han realizado transacciones con criptomonedas en el último año. La identificación de estas personas es el resultado de la campaña que lanzó el fisco a principios de año, cuando envío requerimientos de información a 60 entidades, entre ellas 16 grandes bancos que operan en España, así como una decena de intermediarios financieros y 40 empresas.
Hacienda vigilará que estos contribuyentes declaren las posibles plusvalías o beneficios de sus operaciones e indagará si utilizan las divisas digitales para blanquear dinero.