El Banco de España ha identificado una veintenta de ‘initial coin offerings’ u ofertas iniciales de criptomonedas (ICO, por sus siglas en inglés) que operan en España desde Suiza, Singapur, Estonia y Gibraltar, de la mano de promotores españoles.
Javier Alonso, subgobernador del Banco de España, ha explicado en la clausura de unas jornadas organizadas por Garrigues sobre ‘La Revolución Fintech’ que en España la mayor parte de la actividad de criptoactivos se realiza a través de proveedores situados en el extranjero.
Estos proveedores proporcionan diferentes servicios, entre los que se encuentran plataformas de intercambio, préstamos en criptomonedas o brókeres que intermedian entre compradores y vendedores de contratos por diferencias.
«Desde el Banco de España ya estamos trabajando en mejorar la calidad y el volumen de la información de que disponemos en la actualidad, para lo que hemos abierto vías de cooperación a todos los niveles con otros organismos y autoridades nacionales», ha explicado Alonso, que confía en que esta iniciativa «fructifique pronto en resultados visibles».
Para el ‘número dos’ de la institución gobernada por Luis María Linde resulta «apremiante» que las autoridades tomen postura frente al actual panorama de los criptoactivos, que «van ganando atractivo entre el inversor minorista».
«Y no solo en términos de mejorar nuestro nivel de información y conocimiento sino, especialmente, en lo que se refiere a emprender posibles actuaciones de política pública», ha añadido.
En su opinión, se trata de «adoptar salvaguardas adecuadas» sin perder «la flexibilidad necesaria para aprovechar los potenciales beneficios» de las tecnologías subyacentes, especialmente los registros distribuidos.
«La efectividad de cualquier medida pasa por apostar por un enfoque cooperativo, cuestión en la que estamos plenamente involucrados tanto en Europa como en otros foros multilaterales», ha indicado.
Alonso ha explicado que aumentar la transparencia y la trazabilidad de la operativa de criptoactivos es el primer paso de una estrategia «más ambiciosa» que aspire a «evaluar con más precisión» los posibles riesgos, «sin descartar en última instancia que se produzcan cambios normativos que den respuesta a las vulnerabilidades detectadas, eliminen las oportunidades para el arbitraje y provean un fundamento sólido para el desarrollo de una industria compatible con la existencia de un sistema financiero global seguro».