Esta mejoría también se ha traducido en un aumento de los contratos protegidos por convenio, ya que en 2021 había un total de 13,24 millones de relaciones laborales por los 14,07 millones del año pasado, habiendo aumentado en 827.822 el número de relaciones laborales cubiertas.
El 1,9% de las empleadas de Hogares está cubierta
En los sectores productivos del país, Trabajo destaca como relevantes las tasas de cobertura de Agricultura, Industria, Construcción y Servicios. Entre estos sectores, el único que está por debajo de la media es el relativo a Servicios con un 90,1% de media.
Según los datos de la estadística, la mayoría de los sectores tienen tasas de cobertura por encima de media y con escaso margen de diferencia en lo relativo a los sexos, cuando a nivel general hay una brecha de 6,8 puntos porcentuales. Esto se debe a que solo el 1,9% de los contratos de las trabajadoras del CNAE relativo a Hogares están protegidas por convenio al estar empleadas por un particular. Por su parte, el 47,2% de los hombres del sector están cubiertos, generando una disparidad entre ambos géneros en términos generales.
Desde el Ministerio de Trabajo han explicado que esta situación se explica, en parte, porque dentro del grupo de hombres que se encuentra en dicha categoría, también existen porteros o vigilantes y personal que no está acogido a un convenio colectivo como tal pero sí a otro tipo de acuerdo que es «similar».
Para todas las demás actividades, la tasa de cobertura es uniforme, con el sector de la hostelería destacando, donde el 98,7% de los contratos, tanto hombres como mujeres, están cubiertos por convenios colectivos.
Por debajo de una tasa de cobertura del 90% para ambos géneros, solo se encuentran las actividades artísticas, con una cobertura del 86,4% para hombres y del 89,4% para mujeres, así como las actividades organizativas extraterritoriales, con el 85,4% y el 85,2%, respectivamente.
En términos generales, el sector de la construcción presenta la mejor tasa de cobertura, con el 98,4%, seguido por la industria (97,5%), el sector agrario (94,7%) y los servicios (90,1%).
Por territorio, la diferencia entre hombres y mujeres se mantiene debido a la proporción de trabajadoras del hogar que se reparten por las Comunidades Autónomas. En este apartado, los trabajadores más protegidos son los de la Región de Murcia (98,1% de los hombres y 91,8% de las mujeres), seguido por Cataluña, Aragón y la Comunidad de Madrid. Cerrando la lista están Ceuta y Melilla (87% y 72,1%), con País Vasco, Navarra y Extremadura un poco por delante.
Destaca que País Vasco y Navarra se encuentren por detrás del «arco mediterráneo», debido a que País Vasco, con una tasa del 90,8% para hombres y 80,3% para mujeres; y Navarra, 89,7% para hombres y 75,2% para mujeres, presenta peores tasas de cobertura que zonas del Arco Mediterráneo como la Región de Murcia, que tiene la mejor tasa de cobertura, con el 98,1% para hombres y 91,8% en mujeres.
Fuentes del Ministerio han señalado que esta situación se atribuye a la mayor fragmentación sindical en áreas como Navarra o País Vasco, lo que resulta en convenios colectivos no estatutarios. Esto significa que no se aprueban de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y por lo tanto, no se consideran en la elaboración de esta estadística.
¿Cómo se calcula?
Desde la cartera liderada por Yolanda Díaz, destacan que la tasa de cobertura de la negociación colectiva se debe calcular como la «proporción de relaciones laborales por cuenta ajena a las que se aplica un convenio colectivo», y se calcula como cociente entre el número de relaciones laborales cubiertas por los convenios y el número de relaciones laborales que «potencialmente» pueden regularse a través de convenios «de conformidad con el Derecho y usos nacionales», siendo este el asociado a la firma.
De esta forma, quedan fuera de la estadística: funcionarios, personal estatutario, altos cargos y consejeros de administración, ministros de culto, penados con actividad laboral, socios trabajadores de cooperativas, programas de formación, parlamentarios de Cortes españolas, europeas y de CCAA; prestaciones en beneficio de la comunidad, autónomos y trabajos de colaboración social.