Este martes, 5 de marzo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el decreto de medidas urgentes del Gobierno que regula las nuevas condiciones de los alquileres, y limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos.
El decreto se publicará ese día «por cuestiones técnicas de publicación», han informado fuentes del Gobierno.
Tampoco se han publicado en el BOE de este fin de semana los decretos ley de igualdad aprobados a finales de la semana anterior por el Gobierno que amplían los permisos de paternidad para fomentar la igualdad de género y contemplan la obligación para las empresas de más de 50 trabajadores de publicar sus tablas salariales diferenciadas por sexo.
El decreto de medidas urgentes en materia de alquiler no contempla la bonificación del 80% del IBI para el alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por el índice de referencia del precio del alquiler de vivienda.
En concreto, con este real decreto, que amplía a cinco años la prórroga de la duración del contrato frente a los tres actuales, se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces y solo operará «como máximo».
Esta medida solo será para los nuevos contratos que se suscriban desde la entrada en vigor del real decreto y no tendrá efecto retroactivo, puesto que sería difícil determinar qué consecuencias podría tener si afectase a los contratos vigentes. Asimismo, esta medida, según Fomento, da más garantías sociales, a los inquilinos y no desincentiva la oferta.
Por otro lado, el decreto incluye la elaboración en un plazo de 8 meses de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se actualizará anualmente y que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte «a medidas de carácter fiscal».
No obstante, aunque el borrador del real decreto sí recogía una bonificación del 80% del IBI para inmuebles en alquiler de vivienda habitual cuya renta fuese inferior a la determinada por este índice de precios, finalmente el decreto definitivo plantea algo más genérico y da a los ayuntamientos y a las comunidades la posibilidad de que decidan su política de vivienda «de acuerdo con su marco fiscal».