La cifra señalada por Fedea es casi cuatro veces superior a la estimada por el propio Gobierno, que limitó el impacto a 642 millones de euros en su informe económico sobre las normas, ya que el mayor gasto se compensaría con la retirada de otros apoyos, como los ingresos por depósitos.
Pero el análisis elaborado por el investigador y profesor de la URJC Miguel Ángel García Díaz incide en que este ajuste no compensa la incorporación de nuevos colectivos de beneficiarios como los menores de 45 años sin cargas familiares que han agotado al menos 12 meses de prestación contributiva, o los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura.
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Sus cálculos parten de de la premisa de que cada 100.000 nuevos beneficiarios con una cuantía media de 510 euros al mes en doce pagas, ya provocan un incremento anual del coste en subsidios de 612 millones de euros. Por lo tanto, considera que una «hipótesis de 400.000 nuevas personas percibiendo el subsidio al año», la cifra que ha esgrimido el Ejecutivo de nuevos beneficiarios, multiplicaría la cantidad total.
García Díaz recuerda que, durante el periodo de elaboración de la norma, de la que depende el abono de los siguientes 10.000 millones de los fondos europeos asignados a España, se ha mantenido un «cierto debate sobre la posible tensión» entre dos objetivos que en la práctica «deberían ser compatibles»: la atención a las necesidades de las personas en desempleo y que se les anime a encontrar un trabajo.
El también profesor de la URJC concede que la norma registra avances a la hora de incentivar a los desempleados a la búsqueda de empleo «intentando evitar la creación de trampas de la pobreza», pero se ha priorizado reforzar la cobertura y cuantía de las prestaciones «sin tener en cuenta en exceso» el conjunto de prestaciones existentes dirigidas a las personas en desempleo de larga duración.
Así, censura que se mantiene la renta individual como condición de acceso al subsidio por desempleo, aunque se forme parte de una unidad familiar, «provocando una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público y de equidad en su posible utilización» en colectivos con mayores dificultades. García Díaz afirma que la estructura del subsidio por desempleo después de la reforma no guarda la «necesaria relación y coherencia con el resto de las prestaciones económicas existentes» dirigidas a personas en desempleo, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las rentas autonómicas.
A su juicio, una opción más eficiente sería «simplificar el número de prestaciones» identificando las funciones específicas de cada una de ellas. En este sentido, propone que se podría «mejorar la cuantía de la prestación económica contributiva pero limitando el periodo de cobro a 12 meses (desde los 24 actuales), para a continuación disponer de un subsidio por desempleo «por un periodo máximo de 18 meses» y, en caso de mantenerse la persona en desempleo, pasar a percibir el IMV. En este esquema, las rentas autonómicas serían un complemento dirigido a los colectivos «con mayores necesidades».
«Todas las prestaciones deberían ser compatibles con el trabajo, articulándose como un porcentaje adicional al salario que se reduciría progresivamente en el empleo», incide el investigador, que valora que la reforma permita durante 180 días el cobro del salario junto con una parte del subsidio. Esta decisión evita el «fuerte desincentivo existente anteriormente para aceptar un empleo» derivado del «menor beneficio neto obtenido por el perceptor en términos de renta neta y esfuerzo realizado».