La Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal ha autorizado que el español CaixaBank lance una nueva OPA por la que podría hacerse con el control total del Banco Portugués de Inversión (BPI).
Esta operación del banco catalán podrá servir para que el BPI reduzca su exposición a Angola y evite así una sanción de Bruselas, sin tener que pactar con su accionista angoleña Isabel dos Santos, con la que ni CaixaBank, ni el propio BPI han llegado a acuerdo.
La entidad financiera -la quinta más importante de Portugal por volumen de activos- está en un momento delicado mientras espera si el Banco Central Europeo finalmente la multará o aceptará concederle más tiempo para reducir su exposición a Angola.
Las autoridades comunitarias han exigido al BPI que diluya la exposición que tiene en su filial de Angola (Banco de Fomento de Angola, BFA), pues consideran que el sistema de supervisión bancaria del país africano no es equivalente al europeo.
Debido a que no hubo acuerdo entre el principal accionista, Caixabank (44,1 %), y el segundo mayor, Dos Santos (18,1 %), para que la angoleña se quedase por completo el BFA a cambio de salir del accionariado de la matriz BPI, los catalanes decidieron desbloquear la situación con el lanzamiento de una OPA, la segunda en 14 meses.
El Gobierno portugués, preocupado por la estabilidad del sector financiero del país, ha allanado también el camino de Caixabank al aprobar una modificación legislativa que permitirá a los accionistas de entidades financieras en Portugal evaluar periódicamente los límites a los derechos de voto para poder modificarlos.
El BPI ha estado protegido por unos límites de voto (hasta el 20 %) que, por ejemplo, frustraron la anterior OPA de Caixabank, pues no hubo quórum con Dos Santos.
La propuesta de la entidad catalana ahora es de 1,113 euros por acción, lejos de los 1,329 euros que ofreció en febrero de 2015, lo que supone que valora al BPI en torno a los 1.600 millones de euros, 300 millones menos que hace un año.
La firma catalana pretende hacerse con el 100 % de las acciones, por lo que desembolsaría un máximo de 906 millones de euros (ya controla el 44,1 %).