El Gobierno de Andorra y el Institut Andorrà de Finances (INAF) han desestimado la reclamación realizada por la familia Cierco por responsabilidad administrativa respecto a la intervención de BPA.
En un comunicado, los accionistas mayoritarios de BPA definen como una «huida hacia adelante» la «débil justificación» con la que el Gobierno andorrano y el INAF han desestimado la reclamación administrativa presentada y anuncian que presentarán un «recurso de reposición» como paso previo «si hace falta» a una «futura demanda judicial».
BPA fue intervenida por el Gobierno andorrano en marzo de 2015, después que el departamento de Delitos Financieros y Control del tesoro de los Estados Unidos acusara formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China.
Tal y como expone el comunicado de BPA, esa «posible» demanda tendría como único objetivo defender «los derechos y los legítimos intereses» de la familia Cierco, y en «ningún caso pretende debilitar ni el sistema financiero andorrano y aún menos poner en riesgo la seguridad del país».
Asimismo, los accionistas de BPA reivindican su predisposición para colaborar con el gobierno andorrano en la búsqueda de una salida beneficiosa «para todas las partes» afectadas por esta crisis, «en especial para los trabajadores y los clientes del banco intervenido».