BBVA se ha adherido al Código de Buenas Prácticas que aprobó el Gobierno para reestructurar la deuda con aval público contraída por las pymes y los autónomos durante la pandemia del coronavirus.
El banco ha indicado que la adhesión de este Código no sólo proporciona un marco para canalizar las ayudas para apoyar la solvencia empresarial, sino que también refuerza su apuesta por las empresas y autónomos, un colectivo con el que está comprometido.
De esta forma, BBVA ha informado que asumirá el compromiso de extender el plazo de vencimiento de las operaciones con aval público, normalmente del ICO, que cumplan los requisitos establecidos; evaluar la conversión de la deuda avalada en préstamos participativos; y valorar la reducción del principal pendiente.
La entidad financiera ha explicado que las pymes y los autónomos «son una parte muy importante del tejido productivo de España» y las ayudas puestas en marcha durante la crisis «han permitido que este colectivo haya podido seguir manteniendo empleo y contribuyendo a la recuperación económica del país».
BBVA ha destacado en su comunicado que «durante la pandemia, la banca se convirtió en parte de la solución a la crisis con la implementación de medidas que, en muchos casos, fueron más allá de las estrictamente legales: moratorias hipotecarias y de consumo; financiación avalada con líneas ICO o adelanto del pago de pensiones y prestaciones por desempleo, entre otras».
El Código de Buenas Prácticas es un conjunto de medidas que los bancos adheridos a él deben aplicar para reestructurar la deuda de los hipotecados con una situación económica vulnerable. Está regulado por el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en el que se especifica quién puede acogerse a él y cuáles son las soluciones que las entidades deben ofrecer.
Todos los bancos adheridos a este código están obligados a aplicar sus medidas a las familias que cumplen los requisitos (que comentaremos más adelante). Su correcta puesta en práctica está supervisada por el Ministerio de Economía, por la Asociación Hipotecaria Española, por el Banco de España y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este seguimiento puede consultarse en la página web del Ministerio de Economía.