Si bien han pasado ya más de tres años desde aquel tenso momento en el que las entonces ministras Nadia Calviño y María Jesús Montero protagonizaron un enfrentamiento en lo que hoy es historia de la economía española, parece que las diferencias entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo, con las que estas dos políticas estuvieron al frente respectivamente, no se han solventado del todo. Y es que las recientes declaraciones de la actual ministra de economía, Yolanda Díaz, volvieron a poner en jaque al gobierno de España y a la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Todo comenzó cuando Díaz se refirió en una entrevista a la posibilidad de que sea su ministerio quien controle la SEPI, en lugar de dejarlo en manos de Hacienda. Un tema que no solo recuerda a las tensiones anteriores, sino que abre un nuevo debate sobre la injerencia del Ejecutivo en la economía del país. Y es que, como bien destacaron desde el Ministerio de Hacienda, la SEPI es una sociedad anónima que actúa en el mercado con criterios empresariales y no debe estar supeditada a decisiones políticas.
La SEPI es una entidad pública que gestiona participaciones en importantes empresas españolas, como Repsol o Telefónica, y su papel es clave en la economía y finanzas del país. Por ello, no es de extrañar que haya surgido un nuevo choque entre los ministros de economía y hacienda, en un momento en el que la recuperación económica tras la pandemia del Covid-19 se vislumbra como una prioridad.
Las diferencias entre los dos ministerios no son nuevas, ya que durante el gobierno anterior se vieron varios desencuentros en torno a la política fiscal y redistributiva que debía seguir España. Sin embargo, lo sorprendente en esta ocasión es que el desacuerdo surge por el control de una entidad que no debería estar en el centro de la atención política.
Desde el Ministerio de Economía argumentan que su intención es la de asegurar una gestión más eficaz y eficiente de la SEPI, lo cual podría tener cierto sentido si recordamos los escándalos que protagonizaron algunas de las empresas participadas por esta sociedad en el pasado. Pero desde Hacienda temen que esta decisión sea solo una excusa para eludir el control de los presupuestos generales del Estado, ya que la SEPI también es un importante receptor de fondos públicos.
Las consecuencias de este choque entre ministerios podrían ser nefastas para la economía española y para la confianza de los inversores en el país. La incertidumbre generada por esta disputa podría afectar a la estabilidad económica y financiera de España, en un momento en el que la recuperación del tejido empresarial es clave para la superación de la crisis sanitaria.
Además, la situación se agrava con la postura de la Comisión Europea, que ha expresado su preocupación por la posible intromisión del Gobierno en la gestión de empresas privadas. La UE ha dejado claro que la SEPI debe actuar con independencia y con criterios empresariales, sin ninguna influencia política que pueda afectar a su estabilidad y solvencia.
El choque entre los ministerios de Economía y Hacienda no solo ha sido una sorpresa para la opinión pública, sino que también ha generado críticas internas en el seno del gobierno actual. Algunos miembros del Partido Socialista, del cual son miembros ambas ministras, han manifestado su preocupación por esta disputa y por el impacto que podría tener en la coalición de gobierno.
En definitiva, la economía y finanzas españolas enfrentan un nuevo desafío, no solo en términos de recuperación económica tras la pandemia, sino también en el manejo y control de una entidad clave como es la SEPI. Mientras tanto, la sociedad civil observa con preocupación cómo el gobierno de España se preocupa más por enfrentarse internamente que por trabajar en conjunto para sacar al país de la crisis. La pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes serán finalmente los que paguen las consecuencias de estos desencuentros políticos en la economía española?