En el ejercicio fiscal 2020 (de julio de 2019 a junio de 2020), Microsoft Ibérica redujo un 5,3% su beneficio neto, hasta los 13,7 millones de euros, por un mayor pago de impuestos después de beneficios.
La compañía obtuvo un beneficio 23,2 millones de euros antes de impuestos en dicho ejercicio, un 7,5% por encima del anterior, pero pagó 9,4 millones de euros en impuestos, un 34% más, según los datos remitidos al Registro Mercantil, difundidos por Infoempresa.
Microsoft, no obstante, disparó un 39% sus ingresos entre junio de 2019 y junio de 2020, con 529,1 millones de euros. Este aumento de las cifras de negocios se debe principalmente a las ventas, que sumaron 337 millones de euros frente a 202,3 millones en el ejercicio de 2019 (66,6% más).
Por su parte, los ingresos por prestación de servicios ascendieron a 191,75 millones de euros, casi un 8% más, divididos en 61,89 millones de euros por labores de consultoría y 129,8 millones devengados de las labores de la sociedad como comisionista de otras sociedades del grupo.
La empresa espera que los ingresos crezcan un 12% en el ejercicio de 2021, que finaliza en junio de este año, un ejercicio que será el último que tenga al frente a Pilar López, que dejará la presidencia de Microsoft Ibérica a Alberto Granados y se convertirá en nueva vicepresidenta de Ventas, Marketing y Operaciones de Microsoft en Europa Occidental.
En lo que respecta a la distribución por mercados geográficos, la sociedad generó 399 millones de euros en España, 124 millones de euros en el resto de la Unión Europea y 5,3 millones de euros en Estados Unidos.
Asimismo, la sociedad cerró el año con casi 800 empleados (795), 45 trabajadores más que en el año anterior.
Por otra parte, la compañía no ha provisionado fondos para los dos procedimientos que tiene abiertos con la Agencia Tributaria, relativos a los impuestos del ejercicio 2007 y 2009 y el impuesto de sociedades entre 2012 y 2014, ya que considera imposible estimar el montante del acuerdo.
Ambos se están resolviendo de manera amistosa, después de que la sociedad abonara el pago requerido en el proceso de 2012 y 2014 (9,2 millones de euros), pero interpusiera una reclamación cuya resolución se está dirimiendo en este procedimiento.