BBVA Research, el servicio de estudios del banco, y el sindicato Fasga se oponen a que las pensiones se actualicen en función del IPC general, tal y como está definido por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y apuestan por otras opciones.
Así lo manifestaron el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el secretario general de Fasga, Miguel Vengas, en un debate que abordó si ‘¿Está en riesgo el modelo de pensiones?’ y en el que también participó el exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio.
Doménech se alineó con revalorizar las pensiones con un indicador de precios pero no consideró necesario que sea el IPC general. En su lugar, apuntó a la posibilidad de que sea el IPC subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos.
Argumentó que la energía es un componente «importante» en el IPC y que una parte de la misma se exporta, con lo que se preguntó si «¿tenemos que proteger a todas y cada una de las personas, también a los pensionistas, de esa pérdida de riqueza que está sufriendo el país?» por la exportación de la energía. «Lo veo difícil, hay que repartir de una manera justa entre empresas, entre trabajadores, pero también entre pensionistas», respondió
Además, señaló que otros países no utilizan «exactamente el IPC», sino otro indicador que refleja una evolución de los precios «de una manera más suave».
En cualquier caso, este responsable en BBVA Research defendió que el factor para revalorizar no suponga un sesgo «en la misma dirección, que dé lugar a una revalorización a largo plazo de las pensiones por encima del nivel de los precios».
Desde Fasga, Venegas se opuso al IPC y, de hecho, señaló que en las negociaciones de convenios colectivos donde está presente el sindicato los precios se están desligando «porque no refleja realmente la riqueza de las empresas o el sector».
En el caso de las pensiones, Venegas llamó la atención sobre la vinculación con el IPC cuando hay menos cotizaciones por los nuevos trabajadores, lo que «al final, desgraciadamente, va a redundar en que el sistema aún siga siendo más insostenible». Apostó por un indicador que sirva para «mantener ese nivel de vida de los trabajadores» y a la vez tenga en cuenta «el estado de salud tanto de las arcas de la Seguridad Social como del país, y el IPC no termina de reflejar eso».
Por su parte, Aparicio, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el PP entre 2000 y 2002, y previamente secretario de Estado para la Seguridad Social, defendió que se incluyan «las malas fases de la economía» y consideró que «lo más justo» es actualizar conforme a la «riqueza nacional o PIB» y hacerlo tomando periodos más allá de un año.
Aparicio también quiso destacar que la cesta de la compra varía con la edad y se debe tener en cuenta para «no crear una descompensación tremenda entre la España activa y la España pasiva».
A su juicio, «una economía enferma de inflación», con una tasa muy elevada, se «agrava» si se aplica una subida conforme a los precios sin haber generado la riqueza para ello. La inflación suele estar asociada al crecimiento económico, según explicó, y agregó que si se va a producir una fase expansiva como se prevé, «va a haber inflación, negarlo me parece que es simplemente ridículo».
Reclamó que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que «mejor aprovechen esa recuperación económica y no los que agraven o compliquen esa recuperación».