La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) han pedido a la banca europea establecer límites con respecto a los créditos morosos cuando la cobertura mediante provisiones de los mismos se encuentre por debajo de una trayectoria predefinida, en base al tiempo que el crédito lleve clasificado como moroso.
De llevarse a cabo esta petición, podría ocasionar un incremento de 73.000 millones de euros en las provisiones de los bancos de la eurozona.
Así se desprende de un estudio realizado por BBVA Research, el servicio de estudios de BBVA, sobre la situación de la banca, donde se ha referido a la adenda a la guía sobre préstamos dudosos de la institución monetaria que se aplica a los bancos directamente supervisados por la autoridad presidida por Mario Draghi.
Concretamente, esta medida afecta a los préstamos nuevos o existentes que pasaron a ser morosos después del 1 de abril de 2018, aunque el BCE está considerando introducir normas adicionales para los que se clasificaron como tales antes de esa fecha.
Mediante esta adenda, el BCE anima a los bancos a cerrar los déficits de provisiones contabilizando el nivel máximo de provisiones posible conforme a la norma contable aplicable o, si eso no es suficiente, ajustando su capital de nivel 1 ordinario por iniciativa propia. De lo contrario, el banco central tiene la potestad de aplicar un pilar más estricto decidido por su supervisor.
De esta forma, los créditos morosos, sin importar si hace más de 90 días de su vencimiento o si únicamente resulta improbable que se paguen, deben tener una cobertura del 100% en dos años si no tienen colateral –o para la parte de la exposición no cubierta por la garantía– o en siete años si están garantizados con colateral y siguiendo una trayectoria estrictamente cuasi lineal –o para la parte de exposición no cubierta por la garantía–.
En 2021, se llevará a cabo la primera verificación de cumplimiento de esta adenda, dado que el primer requisito es después de dos años de antigüedad de los morosos.
En BBVA Research, con el objetivo de estimar el impacto potencial de esta adenda, han simulado cómo habrían evolucionado las provisiones si hubiera entrado en vigor en enero de 2015. De acuerdo a sus cálculos, esta normativa podría requerir un aumento de 73.000 millones de euros en provisiones adicionales durante diez trimestres: 26.000 millones de euros para créditos de familias y de 47.000 millones de euros para créditos de empresas.
Según explica la entidad, este mayor impacto en el crédito a empresas se corresponde, en gran medida, a las mayores pérdidas en caso de impago y al alto porcentaje de exposiciones garantizadas con propiedades inmobiliarias dentro de la cartera de crédito a familias.
Dado el mayor impacto de la adenda en la cartera de crédito a empresas, cabe esperar una mayor presión sobre las entidades para vender este tipo de exposiciones dudosas frente a los créditos a familias en situación irregular, explica BBVA Research. Además, los bancos pueden acabar siendo más indulgentes en su política de concesión de créditos a clientes corporativos.
En cuanto a la cartera minorista (familias), BBVA Research estima que la adenda requeriría un aumento de las provisiones prudenciales de aproximadamente un 20% y un 25% en la mayoría de los países de la zona euro a lo largo de los diez trimestres analizados, con mayor impacto en Suecia, Países Bajos, Francia y España, en términos relativos.
Francia e Italia soportarían el mayor impacto de la petición de Bruselas y el BCE, concretamente un incremento de más de 8.000 millones de euros en los dos países. Después se situaría España, con 3.000 millones, y Reino Unido (2.000 millones de euros). Con respecto a Italia, se encontraría con una alta tasa de impago.