Funcas ha calculado que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) soportado por los hogares aumentó de media en 2022 en 263,6 euros, de los que más de la mitad, el 52,4%, son atribuibles directamente a la inflación.
Así se desprende del último número de Cuadernos de Información Económica, publicación editada por Funcas, en el que se revisan los efectos, ya palpables, de la normalización de la política monetaria en los bolsillos de los ciudadanos, las operaciones de las empresas y las finanzas de los gobiernos y explica que es esencial entender estas consecuencias directas en la economía y en la vida cotidiana para anticipar posibles escenarios y desafíos futuros.
En el ámbito fiscal, una de las grandes cuestiones es qué papel está teniendo la inflación sobre la recaudación de impuestos. El experto Desiderio Romero analiza en su artículo cuánto creció el IVA soportado por los hogares en 2021 y 2022 y qué parte es atribuible exclusivamente a la inflación.
En concreto, en esos dos ejercicios, la recaudación por IVA aumentó de forma extraordinaria, el 14,9% y el 13,4%, respectivamente, según los datos publicados por la Agencia Tributaria.
Esta dinámica se ha visto impulsada, según Romero, por la alta inflación que escaló del 3,1% de 2021 al 8,4% de 2022. Los resultados del estudio publicado este miércoles muestran que la factura fiscal total de IVA aumentó en media en 2022 en 263,6 euros, de los cuales 138,2 (el 52,4%) son atribuibles directamente a la inflación.
En términos acumulados para 2021 y 2022, el aumento de la carga fiscal debida exclusivamente a la inflación fue de media de 297 euros por hogar. Esa cuantía sube, aproximadamente, hasta 350 euros para un hogar tipo con un nivel de gasto similar a la renta media en España en 2022 (32.200 euros).
Por comunidades autónomas, el estudio también analiza la carga fiscal media de IVA generada por la inflación en el acumulado de los años 2021 y 2022. La mayor carga impositiva acumulada corresponde a Navarra con 341,8 euros, seguida de Galicia (340 euros) y Murcia (330 euros). Contrariamente, Canarias es la comunidad con menos recaudación acumulada (240,7 euros).
Por su parte, el estudio refleja que el IVA acumulado por inflación es mayor en los hogares que residen en municipios de menor tamaño. Este patrón en contra de los hogares que residen en zonas rurales se observa con independencia de la edad del sustentador principal (mayor o menor de 65 años) y de que existan hijos menores dentro del hogar.
En todo caso, las diferencias dentro de cada una de esas categorías de hogar son muy reducidas. Por ejemplo, en los hogares mayores de 65 años, la diferencia entre zona urbana y rural no supera en media los 25 euros (169,1 euros frente 147,6 euros).
La nueva publicación de Funcas también analiza la subida «significativa» de los coste de financiación de hogares, empresas y gobiernos después de más de un año de subidas continuadas de los tipos de interés en la zona euro para combatir la inflación, lo que ha provocado que se esté observando ya una «apreciable contracción» del crédito y un aumento del coste de la deuda.
Los expertos Santiago Carbó y Francisco Rodríguez han recordado en su informe que la financiación destinada a vivienda ha registrado un declive, evidenciado por una caída del 2,5% en tasa interanual para julio de 2023.
Por otro lado, las entidades bancarias han aumentado su beneficio antes de impuestos sobre su activo medio del 0,8% al 1% en el primer trimestre de 2023, mientras que su diferencial entre rentabilidades de operaciones activas y pasivas se ha incrementado tan sólo una décima, hasta el 1%.
El aumento del coste de la deuda pública también ha sido considerable. Así, por ejemplo, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 3 años era del -0,4% en 2021 y ha subido hasta el 3,3% en julio de 2023. El tipo de las obligaciones a 10 años ha pasado del 0,4% al 3,4%.
Las condiciones financieras son especialmente preocupantes en la esfera pública. Como señala el experto Erik Jones, la «cláusula general de salvaguardia» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento invocada por la Comisión Europea en marzo de 2020 para permitir un gasto público adicional, resultando en un aumento pronunciado de la deuda pública, está programada para finalizar a finales de 2023.
Aunque la alta inflación pospandemia ha aligerado la carga fiscal, la reciente política restrictiva para controlarla plantea nuevos desafíos. «La realidad es que los países más endeudados de la zona euro no tienen más opción que implementar ajustes fiscales, medidas esenciales independientemente de las directrices que se establezcan a nivel europeo», ha señalado.