El Gobierno aprobó un real decreto ley para intervenir el mercado del alquiler, el pasado viernes, 1 de marzo, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Asimismo, el Gobierno quiere ofrecer más seguridad a los arrendatarios, aumentar la oferta de viviendas a precios más económicos y también ayudar a las familias más vulnerables reduciendo la carga financiera.
Los expertos y las empresas inmobiliarias han manifestado sus opiniones sobre alquiler y reacciones, de las que se pueden destacar que está nueva norma traerá una subida de precios, una reducción de pisos en el mercado e inseguridad jurídica.
Aumento de los precios y reducción de la oferta
«El nuevo intento del Gobierno por regular el alquiler cae en el mismo error de base que el de diciembre: en vez de aprobar medidas eficaces que busquen el aumento significativo de la oferta para moderar los precios, se mete a regular lo que tienen que hacer los propietarios. Muchos de ellos pueden verse tentados a sacar sus viviendas del alquiler. La discriminación de los propietarios puede reducir la oferta y aumentar los precios«, ha argumentado Fernando Encinar, confundador y jefe de estudios de la compañía Idealista
El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, subraya que «los precios de los alquileres podrán bajar cuando se aumente considerablemente la oferta de viviendas destinadas al alquiler, tanto pública como privada, y no mediante un índice de precios que, entre otras muchas cosas, no tiene en cuenta el estado de la vivienda”.
Para Blackstone la ampliación de los plazos del alquiler, las restricciones a la revalorización de las rentas y la reducción de garantías en los alquileres de renta libre supondrán que los costes de salida ofertados sean más elevados para adaptarse al nuevo Decreto, lo que va a perjudicar primordialmente a los arrendamientos más asequibles (por debajo de 600 euros).
Restricción de la oferta de pisos en alquiler
Con este real decreto muchos arrendadores pueden verse tentados a sacar sus viviendas del mercado del alquiler y es justo lo opuesto a lo que se busca. Fernando Encinar asegura que el Gobierno debe aprobar medidas eficaces que procuren un incremento significativo de la oferta para moderar los precios.
Claudio Boada, senior advisor de Blackstone en España, ha señalado que “se trata de un Real Decreto-ley que discrimina sin razón alguna a los operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores. En definitiva, se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta”.
Inseguridad jurídica
Los expertos del sector quieren resaltar la elevada inseguridad jurídica que se está generando con los cambios normativos. Blackstone hace hincapié en que en tan solo tres meses el Gobierno ha modificado hasta tres veces la normativa del mercado del alquiler. “La nueva norma conducirá, como ya ocurrió con el anterior decreto, a una nueva paralización del mercado del alquiler hasta que se produzca su convalidación o desaprobación en la Comisión Permanente en los próximos 30 días”, recuerda Boada
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, advierte que “este nuevo cambio añade aún más excepcionalidad a la situación anterior, donde existía una legalidad para la mayoría de contratos de alquiler y otra para los que se firmaron durante los 35 días en los que el primer decreto ley estuvo en vigor”. “Otra nueva legalidad diferente no ayuda a crear seguridad jurídica necesaria para la estabilidad del mercado de alquiler en España”, avisa el portavoz del portal inmobiliario.
La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) subrayó que “al contrario del Real Decreto-ley aprobado, se requiere de un consenso elevado que conlleve una mayor garantía de estabilidad para todas las partes involucradas en cualquier proceso de arrendamiento”.
Asprima considera que “actuar en el mercado libre sin una medida correlacionada con vivienda social y vivienda protegida asequible puede llegar a provocar una considerable distorsión para el mercado”. Además, cree que “no es conveniente, ni para el mercado ni para la sociedad, intervenir en los tiempos para incrementar el precio de los alquileres, que se realizará en función del IPC”.
Protección a los arrendatarios, pero no a los arrendadores
Los expertos concuerdan en que esta nueva regulación protege a los inquilinos, pero no a los caseros. Gerard Duelo, presidente del COAPI de Barcelona, asegura que «podría favorecer la deflación de los precios del alquiler en grandes ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Valencia o Málaga». Pero previene de que puede provocar el efecto contrario: «muchos propietarios pueden optar por no arrendar su vivienda, reduciendo así la oferta y produciendo un incremento de las rentas”.
“El Gobierno debe poner en marcha más políticas de incentivación fiscal para los propietarios de viviendas y, sobre todo, ayudar a los Ayuntamientos a regular de manera efectiva las Viviendas de Uso Turístico (VUT) como forma de incrementar la oferta disponible para alquileres de larga duración» añade.
Fernando Encinar considera que no va a beneficiar a todos los inquilinos. En su opinión sobre alquiler argumenta que, «muchos inquilinos lo tendrán más difícil a la hora de encontrar una casa en alquiler: menores de 30 años y mayores de 65, familias en riesgo de exclusión social, trabajadores con contratos temporales, familias monoparentales, autónomos, mileuristas… Los propietarios van a ser mucho más exigentes con el perfil del inquilino y con la regulación aprobada por el Gobierno y Podemos, hay miles de inquilinos a los que les costará encontrar una casa en alquiler”.