La Comisión Europea ha decidido que España no debe pagar ninguna compensación al fondo luxemburgués Antin, a pesar del laudo arbitral de 2018 que le obligaba a hacerlo por los recortes en las ayudas a las energías renovables. Tras varios años de investigación, Bruselas ha concluido que dicho arbitraje representa una ayuda de Estado ilegal.
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