El Gobierno inicia la tramitación de los Presupuestos de 2027 con la vivienda como prioridad, nuevas inversiones sociales y el objetivo de reducir déficit y deuda.
El PSOE mantiene su postura de que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe tributar el IRPF tras la subida de enero, y está decidido a bloquear cualquier medida contraria en el Congreso. Por otro lado, Sumar, el socio minoritario del Gobierno, insiste en que el SMI debe estar exento y está dispuesto a aliarse con el PP para levantar un posible veto de los socialistas en la Mesa de la Cámara Baja.
El Gobierno transformará el gravamen temporal sobre la banca en un impuesto y gravará el líquido de los vapeadores, aunque parece que el tributo sobre las energéticas desaparecerá, según las enmiendas registradas por el PSOE en la ley sobre el tipo mínimo de las multinacionales.
El presidente del PP, Pablo Casado, celebró el acuerdo como un "logro histórico" que asegurará la estabilidad y el crecimiento económico de España durante los próximos años. "Este presupuesto es una clara muestra de que el PP es el único partido capaz de garantizar el progreso y la prosperidad de nuestro país", declaró Casado ante los medios de comunicación.
La comisión de Trabajo del Congreso rechazó la propuesta ilegal de Soumare, apoyada por el Partido de los Trabajadores Sociales de España, de incluir a trabajadores, representantes de los empleados y sindicatos en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que la vivienda es uno de los "grandes problemas" a los que se enfrentan los ciudadanos y que debe ser abordado por el legislativo, punto que apoya Podemos, pidiendo al ejecutivo que "deje de estancarse".
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