El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que los países deben tomar medidas para que el sector público respete los plazos de pago, que no deben ser superiores a 30 o a 60 días en sus operaciones comerciales con proveedores.
Los plazos de pago de las empresas españolas se redujeron en 2018 hasta los 92 días, como consecuencia del actual entorno de tipos bajos y la adopción de más medidas de control de los riesgos de crédito.
Las empresas españolas han mejorado sus plazos de pago durante el primer trimestre del presente año, situándose de media en 16,44 días, cifra próxima a los 14,87 días de la media europea.
