El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto sobre la función social de la vivienda, que incluye sanciones a bancos e inmobiliarias con pisos vacíos, así como incentivos a particulares, con el objetivo de reducir el stock de viviendas no ocupadas en Andalucía, estimado en una cifra de 700.000 a un millón de inmuebles.
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