La regulación de la traducción jurada en España se establece en la disposición adicional décimo sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, modificada por la disposición final cuarta de la Ley 29/2015, de 30 de julio.
La nueva ley 29/2015 supone un impulso para las traducciones juradas. Esto se debe a que en distintos apartados, esta ley de cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil contempla la obligación de adjuntar a los documentos las traducciones juradas correspondientes.
