El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamado el pasado jueves en Burgos un mayor control sobre la economía sumergida a nivel nacional.
El Gobierno español va a limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo, desde los 2.500 euros actuales, para atajar la economía sumergida y el dinero negro.
La economía sumergida alcanzó el 24,6% del PIB en España en 2012, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), incrementándose en 60.000 millones de euros desde el comienzo de la crisis.
La economía sumergida alcanza el 90% en el medio rural de algunas provincias, según ha afirmado este martes Jesús Villar Rodríguez, secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO., en la Comisión de Agricultura del Congreso.
España se encuentra a la cabeza en cuanto al volumen de economía sumergida en el sur de Europa, alcanzando un 28% del PIB en 2013, y también en cuanto a fraude fiscal, llegando al 8% del PIB.
La economía sumergida en España se sitúa entre el 18,6% y el 20% del PIB y supone un montante de 200.000 millones de euros, según estimaciones realizadas por la Fundación de Estudios Financieros a partir de diversos estudios, que además calcula que si España redujese se aproximase a niveles medios de la Unión Europea recaudaría entre 18.000 y 20.000 millones de euros al año.
