Los bancos españoles a las que supervisa el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), acumulan activos fiscales diferidos por un importe de 68.464 millones de euros.
La banca española tendrá que pagar un impuesto por el aval público recibido para que los activos fiscales diferidos (DTAs) puedan ser considerados capital de máxima calidad.
Bankia asegura no estar preocupada por la decisión que tomará la Comisión Europea (CE) en relación a la supuesta legalidad de los avales otorgados a la banca española durante la crisis financiera.
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