Los bancos españoles a las que supervisa el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), acumulan activos fiscales diferidos por un importe de 68.464 millones de euros.
La banca española tendrá que pagar un impuesto por el aval público recibido para que los activos fiscales diferidos (DTAs) puedan ser considerados capital de máxima calidad.
Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, ha afirmado que la normativa española sobre los activos fiscales diferidos (DTA) está "absolutamente en conformidad con la legislación europea”.