La Audiencia Nacional ha respaldado la decisión de Redeia de no facilitar el acceso a las denominadas “cajas negras” del apagón eléctrico ocurrido el 28 de abril de 2025, rechazando así la solicitud presentada por Endesa y Iberdrola para examinar las comunicaciones internas del operador del sistema durante las horas críticas del incidente.
La resolución judicial, enmarcada en las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 4, valida la negativa del operador a compartir más de 9.000 archivos internos, entre ellos 8.028 grabaciones telefónicas y 1.296 correos electrónicos intercambiados por directivos y técnicos antes y después del colapso eléctrico que dejó sin suministro a gran parte de la Península.
Argumentos vinculados a seguridad y confidencialidad
El tribunal ha asumido los argumentos esgrimidos por la compañía presidida por Beatriz Corredor, que defendió la necesidad de proteger aspectos relacionados con la seguridad nacional, el secreto empresarial y la intimidad de las comunicaciones. Esta posición contrasta con las reiteradas referencias públicas del operador a su compromiso con la transparencia en la investigación del apagón.
El material había sido entregado previamente a la Policía Nacional en el contexto de la investigación judicial dirigida por el magistrado José Luis Calama, orientada a determinar si el incidente podía estar vinculado a un ataque deliberado contra las infraestructuras eléctricas.
El cierre de la vía penal por ciberataque condiciona la decisión
Según la resolución judicial, las comunicaciones internas fueron incorporadas inicialmente al procedimiento dentro de una línea de investigación relacionada con un posible delito de terrorismo, hipótesis que finalmente fue descartada tras meses de análisis técnico por parte de la Comisaría General de Información en diciembre de 2025.
Una vez cerrada esa vía, el tribunal considera que la difusión de estos documentos no resulta necesaria ni proporcional, al haber perdido su conexión directa con el objeto del procedimiento judicial.
Las eléctricas buscaban reforzar futuras reclamaciones
Tras el archivo de la investigación por ciberataque, Endesa e Iberdrola intensificaron su estrategia para acceder a la documentación completa del operador con el objetivo de esclarecer responsabilidades y reforzar posibles reclamaciones económicas derivadas del apagón.
Las compañías defendían que la negativa a facilitar estos archivos podía afectar a su derecho de defensa y al principio de contradicción, al tratarse de documentación utilizada durante la investigación policial. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha considerado que dichos materiales ya no mantienen relación directa con el proceso en curso.
Un caso sin dimisiones pese a la relevancia del incidente
Con esta decisión judicial, las comunicaciones internas de Redeia permanecen fuera del alcance de las partes implicadas en el procedimiento. La resolución limita así el acceso a un material considerado relevante para esclarecer responsabilidades en torno al apagón, un episodio que, hasta el momento, no ha provocado dimisiones dentro del operador del sistema eléctrico.
