El Instituto Nacional de Estadística considera que la compra de vivienda no podrá incorporarse al Índice de Precios de Consumo a corto plazo, pese al debate abierto en Europa sobre la conveniencia de reflejar mejor el peso del mercado residencial en la evolución de los precios que soportan los hogares.
El criterio técnico del organismo se basa en la propia naturaleza del IPC, un indicador diseñado para medir la evolución de los precios de los bienes y servicios de consumo. La adquisición de una vivienda, en cambio, se considera desde el punto de vista estadístico una inversión y no un gasto de consumo ordinario, lo que dificulta su incorporación directa a la cesta con la que se calcula la inflación.
Esta cuestión ha ganado relevancia en los últimos años por el fuerte encarecimiento de la vivienda y por el impacto que este fenómeno tiene sobre la capacidad adquisitiva de las familias. Sin embargo, el INE advierte de que introducir la compra de vivienda en el IPC supondría alterar de forma significativa la lectura tradicional de la inflación, ya que este componente tendría un peso muy elevado dentro del indicador.
Debate europeo abierto
La posibilidad de incluir la vivienda en propiedad dentro de algún indicador de precios no es nueva. En el ámbito europeo, el debate lleva años abierto, aunque los avances son lentos por la complejidad metodológica que implica comparar situaciones muy distintas entre países.
La principal dificultad está en determinar si la compra de una vivienda debe medirse como un gasto corriente de los hogares o como una operación patrimonial. También existe el riesgo de que su inclusión pueda distorsionar la función principal del IPC, utilizado como referencia para salarios, pensiones, contratos, rentas y otros indicadores económicos.
En este contexto, el INE no descarta que puedan producirse avances en los próximos años, pero no ve señales de que la incorporación de la compra de vivienda al IPC vaya a materializarse en el corto plazo. La decisión, en cualquier caso, tendría que venir marcada por un consenso estadístico europeo.
El alquiler también plantea retos de medición. Aunque forma parte de los gastos vinculados a la vivienda, su incorporación al índice requiere mecanismos de sustitución y actualización de la muestra para reflejar la entrada y salida de inmuebles en el mercado. El organismo defiende que el indicador sí recoge de forma progresiva nuevas viviendas en alquiler cuando sustituyen a otras que dejan de formar parte de la muestra.
Nuevo censo de viviendas
Además del debate sobre el IPC, el INE trabaja en la actualización del censo de viviendas, cuya próxima publicación está prevista para el segundo semestre de 2027. Este nuevo censo tomará como referencia el 1 de enero de 2026 y podría contar con primeros datos adelantados durante la primera mitad del próximo año.
La novedad principal será la reducción de los plazos de actualización. Tradicionalmente, el censo de viviendas se elaboraba cada diez años, pero el organismo quiere avanzar hacia una periodicidad menor, primero de cinco años y posteriormente de tres.
Para mejorar la calidad de la información, el INE utilizará datos procedentes del Catastro, la Agencia Tributaria y registros de consumo eléctrico. Esta metodología permitirá afinar la medición de viviendas vacías, ocupadas, principales y secundarias, una información clave para el diseño de políticas públicas en un momento de fuerte presión sobre el mercado residencial.
El último censo de población y viviendas, correspondiente a 2021, contabilizó más de 26,6 millones de viviendas en España, de las que 18,5 millones eran principales y alrededor de 3,8 millones estaban vacías.
