La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha lanzado esta semana una advertencia clara al Gobierno de España: es urgente ampliar el parque de vivienda social en alquiler y rediseñar las ayudas estatales para facilitar el acceso a hogares con ingresos bajos y medios. En su último informe de revisión económica sobre España, el organismo destaca que solo un 3 % del parque residencial español corresponde a vivienda social, muy lejos del promedio europeo, que se sitúa en torno al 9 %.
Según los cálculos del organismo, para alcanzar niveles comparables a los de otros países del entorno, España debería incorporar al menos 1,5 millones de viviendas de alquiler social al parque actual. “Sin una oferta pública suficiente, las ayudas al alquiler terminan encareciendo el mercado sin resolver el problema estructural del acceso a la vivienda”, indica el informe.
Un mercado tensionado y fragmentado
La OCDE sitúa este déficit estructural como uno de los principales factores que alimentan la desigualdad territorial y generacional en España. En ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del alquiler han crecido por encima del 30 % en la última década, mientras que los salarios apenas han subido un 10 %. Esta desconexión ha empujado a miles de jóvenes a posponer su emancipación o a recurrir a soluciones habitacionales precarias.
La organización reconoce algunos avances legislativos —como la Ley de Vivienda aprobada en 2023— pero alerta de que “las medidas deben acompañarse de inversiones sostenidas y de una coordinación más eficaz entre administraciones autonómicas y locales”.
Revisión del sistema de ayudas
Otro de los puntos críticos señalados por la OCDE es el enfoque actual de las ayudas al alquiler, que en muchos casos no llegan a los colectivos más vulnerables o se diluyen entre la burocracia. El informe sugiere que España debería transitar hacia un sistema más orientado a resultados, con criterios transparentes y mecanismos de evaluación periódica.
Además, se plantea fomentar la colaboración público-privada en la construcción de vivienda asequible, algo que ya se está implementando en países como Austria o Países Bajos con buenos resultados.
Reacciones en Madrid
En declaraciones a fuentes del Ayuntamiento de Madrid han reconocido que la ciudad enfrenta una “emergencia habitacional silenciosa”, y que ya se trabaja en el diseño de nuevas promociones públicas en régimen de alquiler asequible. No obstante, insisten en la necesidad de un mayor apoyo estatal para financiar estos proyectos.
Por su parte, organizaciones sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consideran que las advertencias de la OCDE “ponen en evidencia el fracaso de la política de vivienda en las últimas décadas” y exigen una moratoria en los desahucios y un refuerzo urgente de la vivienda pública.
