Esta semana, la junta de accionistas de Repsol aprobará el acuerdo con Argentina sobre la indemnización por la expropiación de un 51% de YPF.
El acuerdo también incluirá un blindaje estatutario, que eleva al 75% el apoyo necesario del accionariado para una eventual escisión de las actividades de upstream y downstream de la empresa, o un traslado al extranjero de su domicilio social.
Posiblemente, el acuerdo será aprobado el próximo viernes día 28, según refleja el orden del día de la junta, en el que también figura la reelección del consejero propuesto por Pemex, y el mantenimiento del programa de scrip dividend.
Este programa permitirá a los accionistas recibir una remuneración total con cargo a las cuentas de 2013, de casi un euro por acción.
Este dividendo flexible se mantiene en niveles similares a años anteriores, a pesar de que el beneficio neto de Repsol fue de apenas 195 millones en 2013, después de provisionar 2.384 millones.
La compañía ha informado que también propondrá a los accionistas una reducción del capital social mediante la compra de acciones propias, por un máximo del 2,05% del capital.
Este acuerdo con YPF de Argentina, permitirá a Repsol recibir con garantías suficientes 5.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) en bonos, como compensación por la expropiación, según ha declarado el presidente de la compañía, Antonio Brufau.
El acuerdo suscrito con Argentina condiciona su aplicación a la aprobación de su contenido antes del 7 de abril por parte de la junta de accionistas de Repsol, y a que el Parlamento argentino de su visto bueno antes del 1 de mayo.
El objetivo del Gobierno de Argentina es que este miércoles sea tratado el proyecto en el recinto del Senado, para luego ser enviado al Congreso, para su sanción definitiva.
La sesión se realiza a las 10 horas en el Salón Arturo Illia del Senado, donde se constituirá la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que es la que decide sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya presidencia se alterna entre un diputado y un senador cada dos años.
El Congreso deberá aprobar, antes del 1 de mayo, la nueva emisión de bonos por 5.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) que la administración de Cristina Kirchner se comprometió a pagarle a Repsol, como compensación por la expropiación que impulsó por ley en 2012.