En Venezuela, el establecimiento de una regulación sobre los cánones de arrendamiento en los centros comerciales y la aplicación de la Ley de Precios Justos, afectaron el funcionamiento de estos centros, al limitar la oferta de productos y los servicios que ofrecen al consumidor.
La regulación de los alquileres en 250 bolívares por metro cuadrado (28,8 euros) significó una reducción de entre el 50 y 70 por ciento con respecto a los valores previos a la normativa. Esto ha tenido incidencia en la calidad del servicio dentro de los centros comerciales, porque disponen de menos recursos para el mantenimiento del servicio.
Como consecuencia, la industria de los centros comerciales, que durante 15 años abrió al público los 365 días del año y ofreció servicios de calidad, pasó a tener escaleras mecánicas paralizadas, baños y pasillos sucios, poca vigilancia, ascensores apagados, tiendas cerradas y anaqueles vacíos.
La Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) informó que tras las fiscalizaciones que ordenó el Gobierno de Nicolás Maduro, durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, cerraron entre el 10 y el 20 por ciento de los comercios.
Claudia Itriago, directora ejecutiva de la cámara, señaló que esperan que éste cierre sea una medida temporal, mientras se establecen los nuevos mecanismos de asignación de divisas para la reposición de los inventarios.
Existe un importante número de comercios que mantienen sus puertas abiertas a pesar de no tener inventarios. Esta situación no podrá ser sostenible en el tiempo.
Por otra parte, Itriago explicó que la situación en el interior de Venezuela es mucho más crítica, ya que la operación de los centros comerciales también se ve afectada por fallos en el servicio eléctrico y de agua.
Itriago informó que de no aprobarse una ley de arrendamiento de locales comerciales en la que se consideren las propuestas de los comerciantes y arrendadores, se producirá el cierre progresivo de los 172 centros comerciales, en aproximadamente tres meses.
Cavececo afirmó que no es factible continuar las operaciones de los centros comerciales ante este panorama, “son insostenibles desde el punto de vista comercial, operativo, de seguridad y mantenimiento. El cierre implica la pérdida de 589.000 puestos de trabajo”.
La Cámara Venezolana de Centros Comerciales sostuvo una reunión con el Gobierno venezolano, en la que expusieron sus reclamaciones y propuestas. Sin embargo, hasta la fecha, no han tenido respuesta ni convocatoria de otro encuentro entre las partes.