La Cámara de Diputados de Argentina se prepara para sancionar esta semana el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que avala el acuerdo con la empresa española Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Tras lograr la aprobación en el Senado el pasado 27 de marzo, el Frente para la Victoria buscará convertir en ley la iniciativa en Diputados, que comenzará a debatirse en el recinto argentino este miércoles. El oficialista bloque del Frente para la Victoria aspira reunir más de 133 votos en respaldo al proyecto.
Los bloques de la Unión Cívica Radical, el Frente Amplio Progresista, UNEN, Unidad Popular y el Frente de Izquierda han declarado que van a votar en contra del proyecto oficial. Por otra parte, los legisladores que pertenecen al Frente Renovador, al PRO y los peronistas que responden al gobernador cordobés José De la Sota y al senador puntano Adolfo Rodríguez Saa, todavía no han definido su posición.
Fuentes cercanas han señalado que es probable que voten en contra o se abstengan de hacerlo, ya que está descartado que avalen el acuerdo con Repsol firmado por la Casa Rosada.
Se espera que esta sea una extensa sesión, por lo que está previsto que el debate comience el miércoles y tras un cuarto intermedio a la medianoche, la votación tenga lugar el jueves.
En el convenio firmado entre Repsol y el Gobierno de Argentina, se establece que la ley debe promulgarse antes del 1 de mayo, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán parte del pago del resarcimiento.
El acuerdo establecido contempla una compensación de 5.000 millones de dólares (3.619 millones de euros) en títulos públicos por la expropiación del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF, junto con el compromiso de ambas partes de dar fin a los reclamos judiciales iniciados a causa de esta disputa.
Por otra parte, ya que el acuerdo se ha establecido en el marco del Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones entre España y Argentina, el entendimiento contempla que en caso de controversia, las partes se someterán al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL).